Atrae PGR investigación por fugas en Sinaloa

Mientras el Poder Judicial Federal se “lavó las manos” ayer y dijo que la suspensión provisional de amparo concedida a Juan José Esparragoza Monzón El Negro, hijo de Juan José Esparragoza Moreno El Azul es un acto obligatorio por ley; el gobierno de Sinaloa cesó al director del penal de Aguaruto, suspendió a 10 comandantes y custodios, además de someter a investigación a 11 funcionarios de dicha prisión.

Primero, por medio de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal fijo su posición sobre la evasión de cinco líderes del Cártel de Sinaloa y expuso que para tener claridad respecto de una suspensión de amparo concedida a un presunto miembro del crimen organizado, se debe conocer que:

“La Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecen que contra el acto reclamado consistente en una orden de autoridad administrativa de trasladar a un interno de un centro penitenciario a otro, procederá en todos los casos la concesión de la suspensión de oficio y de plano, por lo que el juez de Distrito que conoció de la demanda de amparo, estaba obligado a conceder dicha medida cautelar”.

Además, agrega; “La jurisprudencia, que es de aplicación obligatoria para los juzgadores, es clara en establecer que se debe conceder la suspensión mencionada, cuando la orden de traslado de un centro penitenciario no es emitida por la autoridad judicial (juez) a cargo del proceso”.

Así, en este caso, se atribuyó que la orden de traslado reclamada en el amparo, provenía de autoridades administrativas y no de un juez federal, lo que permitió considerarla como un acto fuera de procedimiento que afecta la libertad personal.

Ello, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo y las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J.17/2013 (10a) y 1a./J.83/2015 (10a). Es decir, la responsabilidad es del gobierno de Sinaloa.

Al conocer, la postura del Poder Judicial de la Federación, por instrucciones del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, fue suspendido de su cargo el director del penal de Aguaruto.

En un comunicado, el gobierno del estado informó que también se suspendió a 10 comandantes y custodios del centro penitenciario y que los 11 funcionarios están sujetos a investigación.

En la misiva se resalta la graves deficiencias en la operación del sistema penitenciario estatal, pues, se anota: “se han detectado la herencia de una serie de graves deficiencias en la operación de dicho Centro Penitenciario, cuya infraestructura es deplorable y, en consecuencia, se torna frágil e inoperante para cumplir sus funciones”.

El penal tiene “videocámaras insuficientes; no cuenta con inhibidores de llamadas de teléfonos celulares de los reos hacia el exterior; se cuenta con personal insuficiente; hay custodios asignados no capacitados y con bajos sueldos, además con equipamiento de seguridad ni óptimo ni en cantidad pertinente”, señala.

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