Descarta la Asamblea regularización de mototaxis

La presidenta de la Comisión de Movilidad en la Asamblea Legislativa, Francis Irma Pirín Cigarrero (PRD), descartó que se regularice a los mototaxis como una forma de transporte en la Ciudad de México.

En un encuentro en el que participaron organizaciones de motociclistas, la legisladora precisó que de forma arbitraria se dejó proliferar este medio de transporte pese a que no se cuenta con las medidas necesarias de seguridad para los tripulantes.

Destacó que aún antes de los sucesos en Tláhuac, ya se practicaban operativos para el retiro de dichas unidades por lo que destacó que a la fecha se ha logrado la remisión a los corralones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 12 mil.

“Si encuentran ese tipo de motociclistas que no están por ley van al corralón, me dieron el dato que hay cerca de 12 mil de este tipo de motocicletas en los corralones, porque han hecho su trabajo, pero en la ley de movilidad están las atribuciones de las delegaciones y tienen que avisar a la Secretaría de Movilidad para trabajar sobre las mesas, no es tanto hacer los operativos sino es instalar una mesa y resolver la problemática”, dijo. En la reunión en que también participaron autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad (SEDEMA), con organizaciones de motociclistas, académicos y personajes de la industria automotriz, también se abordó que la posible verificación a la que deben ser sometidas las motos correspondería  a una homologación que el gobierno de la capital debe hacer con las normas federales en la materia.

Asimismo, insistió se debe escuchar a todos los sectores involucrados a fin de generar una legislación integral que garantice la movilidad y seguridad de todos los capitalinos.

En su oportunidad, Candi Ashanti Domínguez Manjarrez, directora de programación de transporte sustentable y fuentes móviles de la SEDEMA, detalló que de acuerdo al Manual de Buenas Prácticas Ambientales y de Manejo de las Motocicletas en México, presentado por la Secretaría de Medio Ambiente  y Recursos Naturales (SEMARNAT), considera que este medio de transporte debe ser sometido a verificación vehicular  debido al crecimiento exponencial de las motocicletas.

Las organizaciones de motociclistas coincidieron en que no es lo más viable someter a verificación este medio de transporte, ya que consideran aumentará el parque vehicular y este medio de transporte ya no sería una alternativa de movilidad efectiva.

 

Queja ante la CNDH

A 18 días del operativo en el que fue abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, mototaxistas de Zapotitlán, Tláhuac, pusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) al acusar al Gobierno de la Ciudad de México de violar su derecho al trabajo digno y discriminarlos.

Ana María Pérez, dirigente de Mototaxis Ubie y Mujeres Trabajando, afirmó que son gente de trabajo, “¿qué hicimos? Identificarnos, cada organización teníamos un tarjetón con nombre, un reglamento para poder circular y lo que hacíamos era que decirle a la gente que no se subieran a unidades que no estaban identificadas… ¿de qué color eran los otros mototaxistas apócrifos, andaban de color negro con plásticos sin visibilidad para que la gente viera por donde iba”.

En el documento dirigido a la ombudsperson Perla Gómez Gallardo, los querellantes sostienen que luego del operativo realizado el 27 de julio para retirar a los mototaxistas, elementos de la policía les incautaron 87 unidades con lo cual se les impide trabajar.

Indicaron que a la fecha ofrecen sus servicios a escondidas, “pero no es lo mismo llevar a una familia en la calandria, donde podíamos llevarnos hasta una o dos personas; y no toda la gente se quiere subir con nosotros porque ahorita ya sólo les llevamos en la moto”, aseguró la dirigente.

Afirmaron que su actividad era imprescindible para la economía local y derivado del operativo, las pérdidas económicas ascienden hasta los 100 mil pesos diarios en la zona que comprenden las colonias Zapotitlán, La Conchita, Miguel Hidalgo, Olivos y Nopalera donde operaban cerca de 12 organizaciones con hasta 2 mil 200 mototaxistas en total.

De acuerdo con las autoridades del gobierno capitalino los mototaxistas no serán regularizados, una de las razones es que no son seguros, sin embargo, ellos argumentan que la empresa aseguradora Arco les otorgó un cinco por ciento de siniestralidad en su labor y les otorgó la cobertura.

Víctor Peña, mototaxista, indicó “inclusive a la gente que nos ha tomado a altas horas de la noche nos tiene confianza porque los llevamos hasta la puerta de su casa”.

A quienes les fueron confiscadas sus unidades no saben cómo, ni cuánto deberán pagar para recuperarlas, pues incluso en el corralón les han pedido hasta 52 mil pesos por cada una.

En el documento entregado a la Comisión de Derechos Humanos, siete organizaciones de mototaxistas solicitan a las autoridades ser escuchados para encontrar una solución al problema, pues hasta el momento no han encontrado podido dialogar.

Pues que nos dieran oportunidad de seguir trabajando porque esto que nos hacen genera más delincuencia y desempleo”, agregó el mototaxista, mientras que la dirigente indicó que “estamos dispuestos a mejorar nuestro servicio de acuerdo a las indicaciones que nos dé la autoridad correspondiente pero no nos criminalicen que no dejen trabajar”.

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