Hasta el lunes, fallo del INE sobre Coahuila

Multa de casi un millón al PRI por la tarjeta rosa

El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó en suspenso los informes de gastos de campaña de las elecciones de Coahuila, Nayarit, estado de México y Veracruz, y será hasta el lunes cuando determine las cifras finales y se sepa si se registró rebase de topes en estos procesos electorales.

El presidente del consejo general del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que es necesario analizar un engrose presentado sobre los dictámenes de ingresos y gastos de partidos políticos y candidatos independientes de las campañas en las entidades que tuvieron elección el pasado 4 de junio.

El receso se decretó para que los miembros del consejo general cuenten con el tiempo suficiente para analizar y valorar la propuesta de cambios a los dictámenes, presentada por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).

“Nos hemos abierto este espacio para poder analizar con seriedad todos los miembros del Consejo estos documentos y poder reanudar la sesión el próximo lunes”, apuntó.

Sin embargo, durante la sesión de ayer y en medio de una acre discusión, los consejeros electorales determinaron multar al PRI y su candidato a gobernador en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, por haber repartido durante su campaña electoral la llamada tarjeta rosa.

Con votación dividida los consejeros determinaron que las tarjetas “Mi Monedero Rosa”, “Mi Monedero” y “Mi Tarjeta de Inscripción”, utilizadas en la campaña, representan un gasto sin objeto partidista, por lo que impusieron una multa de 918 mil 720 pesos a los partidos políticos que participaron en la coalición.

Durante el debate, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que el hecho de que un partido o candidato ofrezcan un beneficio concreto, personalizado y específico, es un gasto de propaganda que se convierte en una promesa de dádiva, y consecuentemente en un gasto indebido.

“De cara a 2018, más vale ir generando certezas, y no podemos permitir que este tipo de gastos sean considerados como un gasto de campaña”, advirtió.

No obstante, consideró que corresponderá al Instituto Electoral de Coahuila resolver si existió compra o coacción del voto. “El uso de una dádiva a cambio del voto o el compromiso por el voto, es una competencia que, tratándose de una elección local, le corresponde al Organismo Público Local Electoral de la entidad de que se trate”, dijo.

Al argumentar su voto en contra, el consejero Enrique Andrade, estimó que, desde su perspectiva, lo único que se entregó fue una tarjeta de cartón; es decir, no estaban entregando ni un beneficio social ni dinero a cambio.

El consejero Ciro Murayama explicó que a cambio de la entrega de las tarjetas “Mi Monedero Rosa”, “Mi Monedero” y “Mi Tarjeta de Inscripción”, el partido recababa datos personales del elector o de los tutores de la persona joven a la que se le prometían los apoyos.

“La concatenación de promesas de apoyo, entrega de tarjetas llamadas monederos en un escenario de carencia social, a cambio de datos de los individuos que serán beneficiados si sufragan por el partido y éste resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento de apoyos sociales a cambio del voto, no es una promesa general, legítima y válida”, estimó.

El acuerdo aprobado impone una multa que asciende a 918 mil 720 pesos a los partidos políticos que participaron en la Coalición.

 

RECHAZAN QUEJA CONTRA EVA CADENA

Por otro lado, el consejo general del INE sobreseyó las quejas presentadas por Morena y por el PRI en contra de Eva Cadena por su presunta participación en el financiamiento ilegal de recursos para las campañas en Veracruz.

El proyecto aprobado por nueve votos a favor y el voto en contra de la consejera Pamela San Martín y el consejero José Roberto Ruiz, establece que son insuficientes las pruebas aportadas, ya que la presentación de la queja se basa en un video que fue entregado anónimamente a un medio de comunicación.

Al defender el proyecto, el consejero Benito Nacif afirmó que, al tratarse de una grabación privada, para ser admitida como prueba en procedimientos administrativos y penales debe ser presentada por una de las partes involucradas, por lo que al ser una prueba ofrecida anónimamente no es válida.

“No puede haber actos legales que se desprendan por parte de esta autoridad, sobre la base de una prueba que es ilícita”, enfatizó.

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