Legisladores y Ejecutivo Federal coinciden en la necesidad de dar certeza jurídica a la labor de las Fuerzas Armadas

En el Senado de la República inició el análisis de las iniciativas propuestas para expedir la Ley de Seguridad Interior, las cuales buscan regular la integración, organización, funcionamiento y control de las autoridades encargadas de esta, con la finalidad de dar certeza jurídica a la labor de las Fuerzas Armadas y seguridad a los ciudadanos.
En estos trabajos, que fueron moderados por el presidente del Senado, Pablo Escudero; el diputado César Camacho Quiroz, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, advirtió que la falta de normatividad en la materia “no sólo suele poner en aprietos a las Fuerzas Armadas, sino que resta seguridad jurídica a los ciudadanos”.

Por ello, consideró indispensable una Ley de Seguridad Interior moderna, de corte democrático, “siempre como vehículo para ceñir a todos a la Constitución y a la Ley, para que mantengamos los valores que tanto apreciamos los mexicanos: la libertad, la justicia y la paz”.

Reconoció que actualmente existe la solidez constitucional y normativa para fundamentar el quehacer de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, pero es una obligación jurídica, política y ética darles certeza jurídica y regularizar su actuación.

En este sentido, el senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN, subrayó que la participación de las Fuerzas Armadas ha sido constante desde el año 2006: sustituyeron parcial o totalmente la responsabilidad civil, estatal y municipal. En consecuencia, se perdió el propósito de construir capacidades institucionales civiles y se generó un perverso incentivo: no invertir en capacidades propias si las Fuerzas Armadas hacen esas tareas. Eso es lo que hay que corregir.

En 2012 había 75 bases militares mixtas de seguridad pública, con mil 680 efectivos militares desplegados; para 2016 son 142, con tres mil 386 elementos permanentes; en cuatro años se duplicó el despliegue militar, precisó. Añadió que las Fuerzas Armadas no se pueden ir porque no hay quien las sustituya; lo deseable es que sean sustituidas por fuerzas de naturaleza civil, confiables y competentes. Con policías mal pagados no se podrá estabilizar al país en términos de violencia, advirtió.

Esta iniciativa, apuntó, no amplía los marcos de actuación de las Fuerzas Armadas ni cambia los objetivos de su intervención, solo regula una función constitucional; no amplia los supuestos de intervención, ni sus facultades constitucionales, no causa que autoridades civiles queden subordinadas; no faculta a los militares a intervenir de manera permanente en una zona; y al contrario, sostuvo, establece un plazo de seis meses para la intervención; y tampoco limita el ejercicio los derechos humanos.

A su vez, el senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador parlamentario del PRD, destacó que “la sociedad mexicana se encuentra atrapada entre el asedio de los grupos de la delincuencia organizada, la ineficacia y corrupción de muchas de sus corporaciones policíacas y la actuación sin un marco legal claro de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”.

Consideró que la regulación debe establecer la normatividad para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles; y contemplar, como condición previa para su aplicación, la constatación de la insuficiencia de las fuerzas civiles de seguridad para enfrentar y atender una amenaza a la seguridad interior.

“La discusión y emisión de una Ley de Seguridad Interior –asentó– debe partir de la situación política que atraviesa el país y reconocer que el Ejército y la Marina se encuentran actualmente en las calles realizando funciones de seguridad pública”.

En su oportunidad, el diputado federal Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que las tareas de seguridad interior dependen de la recuperación de las capacidades institucionales de los municipios y estados del país, con la reforma del mando mixto. La propuesta plantea un esquema para retirar progresivamente de los municipios y estados a los marinos y militares, en una lógica de recuperar capacidades institucionales, vinculado al principio federalista, añadió.

Dijo que no debe utilizarse el criterio de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas participen en manifestaciones de orden social y electoral, en donde los ciudadanos expresen la democracia que provee la Constitución.

Además, coincidió con el senador Gil y el diputado Camacho, para no precipitar una reforma para atender la necesidad mediática y social sino atender de raíz y sin prisas la realidad que reclaman los mexicanos, esta reforma, busca atender esas causales de origen.

En su exposición, Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, advirtió que desde 1917 no ha existido una legislación secundaria sobre la facultad constitucional del Presidente de la República para “disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad interior del país”.

Enfatizó que es fundamental que las instituciones democráticas del Estado construyan el andamiaje constitucional para el ejercicio de la seguridad interior, pues en una democracia las autoridades actúan con base en la ley “y para poder actuar en forma reglada lo mejor es tener las reglas claras, precisas y concisas”.

Además, destacó la importancia de definir las diferencias que existen entre los cuatro supuestos de seguridad que establece la Carta Magna: la seguridad personal como un derecho humano, la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad interior, lo que permitirá regular la actuación de todas las instancias públicas implicadas en estas materias.

Para el doctor y académico Jorge Islas López, la ley de seguridad, es una oportunidad para impulsar un marco legal que ofrezca mayor certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus funciones para el resguardo de la seguridad interior del Estado.

El trabajo de estas, dijo, debe ser regulado como acciones de auxilio no permanente, en las que la autoridad civil determinará el curso de las acciones y, la fuerza armada al ser apoyo, quedará subordinada ante esta autoridad para atender la circunstancia de colaboración, y no debe suplir responsabilidades y obligaciones asignadas por la ley.

México, dijo, cuenta con buenos ejércitos, por su patriotismo, disciplina, lealtad, institucionalidad pero faltan las leyes necesarias que hagan de su actuación en defensa del Estado, un elemento de certeza y seguridad en el cumplimiento de sus funciones con pleno respeto a los derechos fundamentales.

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