Recaza Roberto Gil qué iniciativa de ley de seguridad interior busque militarizar al país o incentivar elusión de responsabilidades

La regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior no pretende militarizar al país, diluir la rendición de cuentas de sus acciones o crear incentivos para evadir responsabilidades locales en la integración de cuerpos policiales confiables, profesionales, equipados y bien pagados, afirmó el senador Roberto Gil Zuarth.
Al participar en la reunión de trabajo bicameral que se instaló este martes para analizar las iniciativas de Ley de Seguridad Interior presentadas en el Congreso, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que las Fuerzas Armadas deben tener un marco de actuación definido en la ley, ya que hoy en día su despliegue es “absolutamente discrecional”.

Ante especialistas y servidores públicos convocados a esta reunión de trabajo en el Salón de Plenos de la Comisión Permanente del Senado de la República, Gil Zuarth explicó “qué no es la iniciativa de Ley de Seguridad Interior” que él presentó:

No amplía los marcos de actuación de las Fuerzas Armadas, ni cambia los objetivos de su intervención; no amplía los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas; no causa que las autoridades civiles queden subordinadas a autoridades militares; no amplía las facultades constitucionales de las Fuerzas Armadas, ni faculta a los militares a intervenir de manera permanente en una zona. 

No limita el ejercicio de los derechos humanos, porque no implica declaratoria de excepción o de emergencia; no otorga a las Fuerzas Armadas funciones de investigación o de procuración de los delitos; no suple con militares las tareas de los policías, y cierra el margen actual de discreción sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas. 

Gil Zuarth precisó que la discusión razonable sobre lo que puede y lo que no debe hacer una institución como las Fuerzas Armadas no se va a resolver a base de estigmatizarlas. 

“Querer o pretender estigmatizar a las Fuerzas Armadas como traidores a la patria o como violadores sistemáticos de los derechos humanos es un despropósito, pero también un muy mal punto de partida para encontrar una razonable política que defina y decida sus márgenes de actuación”, afirmó. 

El senador panista rechazó también que la regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior busque suspender los derechos y libertades públicas. 

“Vincular la función de seguridad interior a la declaración de suspensión de garantías es un despropósito; lo más importante es que esa función se realice en plena y absoluta vigencia de los derechos humanos”, insistió. 

En este sentido, acotó que es necesario que se puedan activar los mecanismos de intervención para garantizar la seguridad interior sin cancelar la vigencia de los derechos y libertades de la población, dijo. 

Asimismo, señaló que la pregunta que hay que responder es si en este momento existen las condiciones para que los militares regresen a sus cuarteles. 

“La respuesta es muy simple: no, no se pueden ir, por una razón: porque no hay nadie quien los sustituya”. 

“No hay en este país policías que puedan sustituir el despliegue que están realizando las Fuerzas Armadas, entre otras razones, porque las policías existentes son poco profesionales, son débiles, están mal pagadas, muchas de ellas están coludidas y los tramos de responsabilidad de los órdenes de gobierno no están claramente definidos, sobre todo, tratándose de crimen organizado”, abundó. 

Lo deseable es que las Fuerzas armadas sean sustituidas por fuerzas de naturaleza civil, policías confiables, profesionales, bien dotados de equipamiento y con las competencias específicas para poder enfrentar a cualquier tipo de riesgo a la seguridad pública, subrayó.

Recordó que su iniciativa propone que para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad interior es necesario que haya una “declaratoria de afectación de la seguridad interior”, a petición del Ejecutivo federal, los gobernadores, el Jefe de gobierno, el Senado o por mayoría en algún congreso local. 

“Para que un militar esté en despliegue territorial realizando función de seguridad interior debe haber una declaratoria de afectación, que fije no solamente los objetivos de la intervención, los plazos, sino el estado de fuerza necesario para estabilizar esa situación”, insistió.

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