A 7 años, sigue incierto el paradero de los 43

Sólo se ha confirmado el asesinato de tres de los
  jóvenes
Hoy se cumplen siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, con más preguntas que respuestas y con la desesperación de los familiares, que aún cifran esperanzas de encontrarlos con vida.
Sin embargo, está confirmado ya el asesinato de tres de los jóvenes, cuyos restos fueron hallados en las zonas de investigación.
El último de los tres estudiantes en ser identificado fue Jhosivani Guerrero de la Cruz.
De acuerdo con información oficial, el procedimiento fue llevado a cabo por el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, Austria, mediante análisis de ADN nuclear a una vértebra encontrada en Cocula
Antes fueron identificados por la misma universidad Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio.
La desconfianza en la investigación sobre el paradero del resto de los jóvenes ha derivado en una intensa presión por parte de los padres, incluso contra las versiones esgrimidas por la actual administración, que sólo hablan de algunos avances y hechos hipotéticos.
Esa presión ha sido esencial para el desplome de la denominada verdad histórica que construyó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Apenas el viernes, el fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, reiteró que esa versión se sustentó bajo la práctica de tortura y privaciones ilegales de la libertad.
Según la polémica versión, los estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
“Mucho de lo que se hizo para quererla sustentar (la verdad histórica) fue obtenido de manera ilícita”, dijo el fiscal.
“Eso quiere decir que incluso testimoniales de personas fueron obtenidas mediante tortura, fueron privadas ilegalmente de la libertad, fueron aisladas completamente de la protección de la ley”, agregó.
Y dijo que después de ello “lo que hicieron fue reconstruir una averiguación previa armada con piezas procesales que muchas de ellas fueron elaboradas ilícitamente”.
El lunes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su rechazo a la llamada “verdad histórica”, la cual fue ampliamente cuestionada por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La investigación señalaba que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula. Por ello el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabrió la investigación en 2018 y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, ubicada a un kilómetro del basurero.
Gómez Trejo dijo que para defender ese relato “hubo un conglomerado de funcionarios que actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición que gozaban y en función de eso desviaron una investigación y con ello negaron el acceso a la justicia a las familias, la búsqueda de sus hijos y negar la verdad”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró por su lado que los resultados que el actual gobierno ha presentado sobre el caso son puntuales y concretos, más no concluyentes.
“Son solo una parte de la investigación que se desarrolla para saber que pasó y dónde están los muchachos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”, apuntó.
En coordinación con Gómez Trejo, el martes llevaron a cabo una diligencia ministerial a la Barranca de la Carnicería, para informar a medios de comunicación sobre los trabajos y hallazgos en ese lugar.
Además de la búsqueda de los estudiantes, el actual Gobierno persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.
PRESION INTERNACIONAL
Distintos organismos internacionales consideran que la búsqueda de los 43 jóvenes debe ser prioritaria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dijeron el viernes que se debe seguir avanzando en la investigación del caso de los estudiantes.
Además se debe buscar el esclarecimiento de los hechos de manera pronta y efectiva y de cumplir con las consignaciones y órdenes de aprehensión y extradición pendientes.
También señalaron que se deben impedir las filtraciones de información sobre el caso; garantizar la seguridad de víctimas y testigos y sancionar a los funcionarios públicos que obstaculizaron la justicia y cometieron violaciones a los DD.HH. durante la investigación.
La CIDH y la ONU-DH señalaron que en el transcurso de siete años en una investigación por graves violaciones a los derechos humanos “tiene un efecto negativo respecto de la conformación de la prueba y las expectativas de los familiares que en algunos casos fallecieron sin haber obtenido justicia y reparación”.
Ante esto, dijeron, “es necesario que se redoblen los esfuerzos en la recuperación de pruebas y nuevos testimonios relevantes, y se aceleren las entregas de información de las instituciones de seguridad e inteligencia aún pendientes”.
En la nota se apuntó que a partir del trabajo de las autoridades, con la participación de madres y padres de los estudiantes desaparecidos, “hoy se conoce nueva información sobre el contexto y la dimensión del ataque ocurrido y las múltiples violaciones a derechos humanos que resultaron de ello”.
CARTA A ISRAEL
El presidente Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, en la que pide la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien es acusado de manipular pruebas para crear la versión de la verdad histórica.
De entre los actos de alteración de pruebas, está la vista de Zerón al Río San Juan, en Cocula, el 28 de octubre de 2014. Ese día se llevó a cabo la cuestionada diligencia en la que se localizó una bolsa de plástico con restos óseos supuestamente de los normalistas. El hallazgo se hizo a partir de una declaración de Agustín García Reyes El Chereje, presunto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos.