Claudia Sheinbaum presentó ayer en el Senado el llamado plan B, el cual surge tras el fracaso de una reforma electoral más amplia que no consiguió los votos del PT y PVEM.

La nueva propuesta es más acotada y rápida de negociar con sus aliados. Y eso hace que deje de ser una reforma electoral para convertirse principalmente en una reforma administrativa para recortar costos locales.

Entre sus puntos principales están la reducción de regidores y síndicos en los ayuntamientos, así como un tope de 0.7% al gasto de los Congresos locales. Es decir, el plan B implica que el costo político ahora lo pagan actores que casi nadie conoce.

FEDERALISMO EN JUEGO

México es una república federal. El artículo 40 constitucional establece que los estados son libres y soberanos en su régimen interior. Eso significa que pueden decidir cómo se organizan sus gobiernos locales dentro de ciertos límites generales.

El problema aparece cuando desde el nivel federal se busca fijar reglas específicas sobre cuántos regidores debe tener un municipio o cuánto puede gastar un Congreso local. Ese cambio traslada decisiones locales a una oficina de la Ciudad de México.

El argumento a favor señala que, si el Congreso de la Unión y la mayoría de Congresos estatales aprueban la reforma, se cumple el procedimiento constitucional. Pero eso no cambia el efecto. La reforma reduce la capacidad de estados y municipios para decidir su propia organización.

EL NIVEL QUE NADIE VE

Los ayuntamientos son el nivel de gobierno más cercano a la población. Se encargan de servicios como agua, alumbrado, seguridad local, basura y calles. Estas decisiones se toman en el cabildo, donde participan regidores y síndicos.

Un regidor vota presupuestos, reglamentos y programas municipales. Un síndico también representa legalmente al municipio y vigila el uso de recursos. Son parte de un órgano colegiado, es decir, un grupo que decide en conjunto.

En México existen miles de estos cargos distribuidos en más de 2 mil municipios. Pero la mayoría de la gente no sabe quiénes son ni qué hacen.

Ese es el contexto en el que se presentará el plan B. No hay costo político en recortar lo que nadie ve.

AUSTERIDAD O PODER

La nueva propuesta de Sheinbaum se sostiene en una idea que conecta de inmediato con la gente. El gobierno cuesta mucho. Ese argumento simplifica todo.

Así, todo se vuelve binario. Blanco y negro. O estás a favor de recortar gastos o estás defendiendo privilegios. Y en ese terreno, diputados locales, regidores y síndicos parten en desventaja porque no tienen defensa pública.

Esto ya ocurrió antes. En la reforma electoral, el foco se puso en plurinominales y dinero a partidos. Aquí ocurre lo mismo. Se discute el costo, no la función ni la responsabilidad de funcionarios locales. O que cientos de municipios están a merced del crimen organizado.

Pocos saldrán a defender estas figuras, quienes han operado en silencio desde hace años. No hay pedagogía sobre su función. No hay narrativa pública sobre su importancia. Pero sí abundan escándalos y percepciones de gasto excesivo.

Con eso, el plan B avanzará con facilidad. Y estará acompañado de los votos del PT y PVEM porque no se tocan los privilegios de los partidos políticos, ni los sueldos de sus diputados.

EL DATO INCÓMODO

La industria en México arrancó el año a la baja. En enero cayó 1.1% y suma tres meses seguidos retrocediendo, reportó El Financiero. La construcción y la manufactura se frenaron. Eso impactará en empleo, inversión y crecimiento en los próximos meses.