A una década de la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó un informe en el que, asegura, se documentan fallas estructurales, falta de seguimiento institucional y retrocesos presupuestales en los mecanismos creados para garantizar los derechos de las víctimas en México.

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Al resaltar que este 20 de mayo, se cumplen diez años de que se realizó la primera y única sesión ordinaria del Pleno del SNAV, advirtió que la ausencia de sesiones posteriores, sumada a la falta de coordinación y liderazgo federal, refleja un abandono sostenido del sistema desde su creación.

El organismo especializado en derechos humanos presentó el informe, titulado “De la esperanza a la decepción: una década del sistema nacional de atención a víctimas“, se difunde en vísperas del aniversario de la sesión celebrada el 20 de mayo de 2015, fecha en la que se instaló formalmente el SNAV.

De acuerdo con el Centro, esa reunión ha sido la única sesión ordinaria del Pleno en estos diez años, lo que atribuyen a un abandono institucional por parte del Estado mexicano.

El documento hace un balance histórico y analítico sobre la implementación de la Ley General de Víctimas (LGV), promulgada en 2013, así como sobre el estado actual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y las comisiones estatales. Según el informe, las instituciones creadas para garantizar los derechos de las víctimas han sido incapaces de ofrecer una atención digna, debido a la falta de voluntad política, la ausencia de coordinación nacional y el incumplimiento de obligaciones por parte de las entidades federativas.

El análisis incluye una evaluación de la Ley General de Víctimas (LGV), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de las comisiones estatales, a partir de un seguimiento realizado por el Centro Prodh mediante solicitudes de información pública y el acompañamiento directo a personas en situación de víctima.

Entre los principales señalamientos destacó la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), la ausencia de una política nacional coordinada, y los retrasos por parte de gobiernos estatales en la implementación de sus obligaciones. También se señala la falta de perfiles especializados en las instituciones encargadas de brindar atención victimal.

“El desdén por el funcionamiento del Sistema no es el único dato de realidad de estos años. La mayoría de las personas víctimas reportan quejas sobre la operación cotidiana de las instituciones que hacen parte de este andamiaje y las evaluaciones realizadas por las instancias internacionales apuntan serias fallas. Adicionalmente, dado que la violencia continúa en niveles altos, el número de víctimas continúa aumentando en el país y, por tanto, sigue creciendo la demanda de servicios respecto de las comisiones victimales”.

A una década de la primera y única sesión del Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro aseguró que con el escrito se documentan las deficiencias estructurales en el diseño y funcionamiento del sistema, tanto a nivel federal como estatal.

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Entre los factores señalados como obstáculos para el adecuado funcionamiento del sistema, el Centro destacó la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que implicaba un presupuesto mínimo anual para la operación del SNAV, situación que debilitó la capacidad operativa y restó legitimidad al sistema.

El análisis también se sustenta en solicitudes de información realizadas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que actualmente se encuentra en riesgo de desaparición.

Ante esa situación, el informe advirtió sobre la dificultad de seguir monitoreando la evolución del sistema y sus instituciones.

El Centro Prodh al señalar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluyó sin ningún avance y recordar que Claudia Sheinbaum Pardo, cuando se dio a conocer el hallazgo del llamado campo de exterminio en el rancho Izaguirre en Teochitlán, Jalisco, omitió anunciar que se harían revisiones a la Ley General de Víctimas, así como al funcionamiento de la SNAV y sólo se comprometió a fortalecer la CEAV “para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida”.

Por lo anterior, indicó en el documento que “el Estado mexicano le ha fallado a las víctimas y no ha estado a la altura de las exigencias y la dignidad de éstas. A lo largo de tres administraciones, una panista, otra priista y una morenista, se ha pasado de la esperanza a la decepción por la simulación“.

Expuso que como ejemplo de ello son en las evaluaciones más recientes realizadas por la sociedad civil, donde se revela que “la frustración es palpable“, debido a las dificultades de la CEAV para generar políticas públicas y mecanismos de coordinación coherentes le han costado el descrédito entre los colectivos de víctimas.

“El resultado innegable es que, a 10 años de la aprobación de la LGV, no existe una política de Estado a la altura de la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos que ha vivido México”.

Plantea medidas urgentes para revertir el deterioro institucional

Por lo anterior, el Centro Prodh planteó una serie de medidas urgentes que, en su opinión, podrían ser consideradas para revertir el deterioro institucional. Propone que la Presidencia de la República retome el liderazgo sobre el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y que se abra un proceso de deliberación pública para evaluar los diez años de funcionamiento del sistema. También considera necesario restablecer el presupuesto mínimo establecido por la Ley General de Víctimas, revisar el funcionamiento de la Asesoría Jurídica Federal, asegurar la articulación con los sectores de salud, educación e infancias, y establecer criterios de idoneidad para el personal encargado de la atención a víctimas.

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Asimismo, el informe recomienda desarrollar programas administrativos de reparación con baremos objetivos, garantizar la transparencia activa y homologar la estructura y operación de las comisiones estatales.

El informe concluye que, ante el actual contexto de violencia y el aumento constante en el número de personas víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos, es necesaria una revisión a fondo del modelo institucional de atención. Según el Centro, la demanda por servicios de las comisiones victimales continúa creciendo, por lo que consideró que es urgente su fortalecimiento.