La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación administrativa contra Marcelo Ebrard tras denuncias relacionadas con la estancia de su hijo en la embajada de México en Reino Unido cuando se desempeñaba como secretario de Relaciones Exteriores.

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Explicó que el procedimiento se activó a partir de quejas formales presentadas ante la dependencia, lo que obliga legalmente a iniciar una revisión, independientemente de la valoración inicial del caso.

“Hubo solicitudes y de manera automática tiene que abrirse la investigación”, declaró Sheinbaum al detallar el mecanismo administrativo que rige este tipo de denuncias.

El actual secretario de Economía señaló que la estancia de su hijo en la residencia de la embajada de México en Reino Unido ocurrió en 2021 durante la pandemia, luego de que le pidiera a la entonces embajadora Josefa González-Blanco que lo recibiera como a un hijo.

Marcelo Ebrard señaló que su hijo permaneció cerca de seis meses, pero decidió regresar a México debido a que las clases se impartían a distancia y existían restricciones sanitarias.

El funcionario rechazó el uso indebido de recursos públicos y afirmó que la decisión respondió a una situación excepcional, al sostener que no hubo irregularidades, que la estancia no implicó asignaciones adicionales y que su hijo incluso desarrolló una actividad comunitaria.

La presidenta señaló que la Secretaría Anticorrupción deberá determinar si existió alguna falta legal o administrativa en el uso de instalaciones diplomáticas o en la relación jerárquica dentro de la representación en el exterior.

Indicó que la revisión incluye analizar si hubo subordinación indebida o uso irregular de recursos públicos, conforme a la normatividad vigente en el servicio exterior mexicano.

“Lo que se tiene que revisar es si se violó alguna norma”, precisó la mandataria al referirse al alcance de la investigación en curso.

Sheinbaum explicó que, en caso de no existir disposiciones claras, corresponderá a la autoridad establecer criterios normativos para evitar vacíos legales en las embajadas.

La presidenta evitó pronunciarse sobre la responsabilidad del ex canciller y sostuvo que la resolución dependerá de los resultados de la investigación administrativa.

Reiteró que el procedimiento sigue su curso conforme a la ley y que la Secretaría Anticorrupción es la instancia competente para determinar si existen sanciones o si se descarta cualquier irregularidad.