MANUEL GUADARRAMA

Los desastres no son generados exclusivamente por la ocurrencia de un fenómeno natural. El desastre no es en sí mismo el sismo, la tormenta o el huracán, sino las afectaciones a la infraestructura, al desarrollo de la cotidianidad de una comunidad y la cantidad de pérdidas de vidas humanas. El desastre ocurrido en Acapulco responde a la acumulación de condiciones sociales, políticas y económicas que aumentaron su vulnerabilidad frente a situaciones adversas.

La acumulación de marginación, pobreza y desigualdad en Guerrero, y en Acapulco en particular, son producto de la indiferencia de los diferentes gobiernos (federal, estatal y municipal) que terminó por convertirse en un desastre en la gestión de este riesgo. Los desastres no son inevitables. El gobierno puede construir capacidades para hacer frente a fenómenos naturales y atender de la mejor forma posible la reconstrucción.

Por su ubicación geográfica, y a través de las malas experiencias, México ha desarrollado protocolos, prevención y mecanismos de protección civil que nos han permitido construir resiliencia. Sin embargo, la resiliencia no es algo dado. Hay que permanentemente trabajarlo y mantenerlo. En el desastre de Acapulco dos decisiones tomadas por el Gobierno Federal han afectado esta capacidad para reaccionar ante amenazas, absorber los impactos y recuperarse después de eventos disruptivos: 1) la extinción del FONDEN y 2) el desmantelamiento institucional en materia de protección civil.

El 6 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que extinguía 109 fideicomisos, entre ellos, la desaparición del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Las razones dadas por el Ejecutivo Federal para desaparecerlo fueron que existía corrupción y que esos recursos se concentrarían para la atención de la pandemia, aunque a la fecha no se ha documentado que así fuera. En su lugar, el Gobierno Federal creó una partida presupuestaria con el mismo nombre, pero sin estar sujeto a las reglas del fideicomiso, además de no permitir su ahorro.

Las críticas al uso de fideicomisos públicos no son injustificadas. Durante años se utilizaron como mecanismos para el manejo de recursos públicos en la opacidad. Paradójicamente, hace unos días se crearon nuevos fideicomisos: para el Tren Maya y los sistemas aeroportuarios a cargo de la Sedena y Secretaría de Marina. Esto indica que más que una medida anticorrupción, la creación o desaparición de fideicomisos es política. Los fideicomisos siguen siendo un instrumento útil, que bien regulados permiten la rendición de cuentas. Para el caso de la atención de desastres, el FONDEN fideicomiso permitía contar con recursos que estaban disponibles permanentemente y no sujetos a la liquidez o voluntad política del momento, además de contar con reglas de operación.

Por otro lado, la organización administrativa adoptada este sexenio cambió la estructura de las entidades responsables de la protección civil. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) tenía un único superior jerárquico que era el titular de la Secretaría de Gobernación, hoy depende de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este cambio no es solo forma, implicó una disminución en su importancia y una reducción en su presupuesto. Este debilitamiento y deterioro se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que, a diferencia de los planes anteriores, no incluye estrategias ni acciones para la gestión de riesgos ni la protección civil.

El desastre de Acapulco no solo lo generó el huracán Otis, sino la mala gobernanza del territorio. Por ejemplo, el IMCO documentó que el Atlas de Riesgos de Inundaciones de Acapulco para 2001 ubicaba las zonas de riesgo y la prohibición de no poblar dichas zonas. Sin embargo, para 2013, las zonas de riesgo estaban fraccionadas y pobladas ¿Quién dio los permisos de uso de suelo, impacto ambiental, alcantarillado, construyó casas y hoteles? Es decir, todo tipo de autoridad está involucrada, pero al mismo tiempo, cuando abundan los responsables, la responsabilidad se diluye.

La atención a las personas afectadas y la reconstrucción de la ciudad de Acapulco y poblados afectados debe estar por encima de cualquier interés personal o lógica electoral. El desastre ya sucedió, ahora toca a los tres ámbitos de gobierno no profundizarla.

Maestro en políticas públicas y profesor universitario.

@ManuGuadarrama