Acuerdo energético genera incertidumbre en inversionistas extranjeros y pone en juego 30 mil empleos

Empresarios e industriales del país manifestaron su rotundo rechazo a la decisión del Gobierno federal, concretamente de la Secretaría de Energía (Senerr) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de emitir un ordenamiento que impide la inversión nacional y extranjera en proyectos de generación de energías renovables.

Por ello, demandaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con las leyes mexicanas y los compromisos ratificados en el T-MEC, pues además, se indicó que empresas generadoras afectadas por estas disposiciones han recurrido ya al amparo, y probablemente otras harán lo propio en los próximos días,.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) enfatizó en que se deben cuidar los más de 30 mil empleos que genera la energía verde.

Señaló que el Acuerdo que la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2020, constituye una acción ilegal de no ser reconsiderada por el Gobierno Federal, ahuyentará importantes inversiones en el país, al tiempo que ocasionará que los interesados acudan a tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano.

Asimismo, indicó que la norma emitida agrava la falta de certidumbre jurídica para invertir en el sector energético de México, debido a que su publicación se hizo de forma irregular, dado que se inició un proceso por parte de la Sener, eludiendo el requisito de revisar comentarios y aguardar el al menos 20 días hábiles.

Ello, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), para iniciar el proceso de Mejora Regulatoria ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) que permitiera recibir y atender las participaciones de los privados afectados y otros grupos con interés. “Al no cumplirse la norma, el propio Gobierno Federal violenta el Estado de Derecho”.

Destacó que dicho Acuerdo desatiende las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano en diversos acuerdos comerciales con la Unión Europea y Norteamérica, y de forma específica, el T-MEC, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de 2020.

Es por ello que “de no enmendarse la ilegalidad, es previsible que los inversionistas internacionales y domésticos recurran a los mecanismos legales para defender sus intereses”.

La Coparmex y la Concamin (Confederación de Cámaras Industriales) señalaron que el 29 de abril pasado, fue el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que intentó publicar el “Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del Reconocimiento de la Epidemia de Enfermedad por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, que impedía a las centrales nuevas realizar las pruebas pre operativas necesarias para su puesta en marcha. Este Acuerdo, recibió un amplio rechazo público y no cumplía con los requisitos legales.

Sobre el particular, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió su opinión técnica, señalando que el Acuerdo desplaza a los generadores de electricidad más eficientes y podría favorecer a las plantas generadoras convencionales, en su mayoría de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que son altamente contaminantes, lo que es contrario a la Ley de la Industria Eléctrica.

Por ello indicaron que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Energía, trastoca la confianza al cambiar de forma repentina las Reglas del Mercado bajo las cuales se planearon y ejecutaron cuantiosas inversiones, a partir de que entro en vigor en 2014, la Reforma Energética ha permitido el crecimiento exponencial de las energías limpias.

La Coparmex considera que el Mercado Eléctrico Mayorista debe operar en condiciones que promuevan la competencia, eficiencia y la no discriminación en beneficio de todos.

“Desde el sector privado, exhortamos a la Sener y la Conamer para que en los términos de la legislación aplicable, suspendan los efectos del Acuerdo, y se dé seguimiento a la consulta pública, para que los interesados en el sector tengan la oportunidad de retroalimentar y reorientar la norma, en beneficio del mercado eléctrico y la competitividad del País.

“De no reconsiderar el ilegal Acuerdo, se deberán de asumir consecuencias nocivas en términos de bienestar, sustentabilidad ambiental y empleo para los jóvenes mexicanos”, advirtieron empresarios e industriales.

Se recordó que además, desde diciembre pasado, la titular de la Sener en junto con el titular de la CFE han hecho en varias ocasiones intentos para modificar la normativa del sector eléctrico nacional.

El primer intento fue un “Pliego Petitorio” de la CFE a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), publicado por medios internacionales en diciembre del 2019.

Y finalmente, el pasado 15 de mayo, la Sener envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, solicitando la exención de MIR (análisis de impacto regulatorio) para proceder a la inmediata publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrar en vigor al día siguiente de su publicación.

“Esta última medida significa una plena vulneración del Estado de Derecho, al otorgar facultades extra legales a la CFE relacionadas con la planeación y operación del SEN y el probable abuso de autoridad por parte de la Sener”, acusó la Concamin.

Esta decisión, indicó el organismo cúpula de los industriales del país, impacta negativamente la imagen internacional de México como país destino de inversiones, ya que incrementan sensiblemente el riesgo regulatorio que, junto con una creciente precariedad económica y financiera, reduce el atractivo del país frente a otros como destino de inversión.

Pero además, aseveró Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, “esta decisión no solamente afecta el tema de la inversión privada nacional y extranjera en proyectos que generarían empleos y nos ayudarían como país a avanzar en el equilibrio entre energías renovables y las provenientes de recursos fósiles, como el petróleo.

“Sino que nuevamente es un mensaje contradictorio que en medio de la pandemia del coronavirus y justo cuando México debe generar certeza al interior y al exterior para buscar promover la inversión productiva en un tema tan relevante para las nuevas generaciones, se decide tomar una decisión que a todas luces solamente responde a un criterio cerrado de los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad”.