La dirigencia nacional del PAN y la bancada en la Cámara de Diputados advirtieron que la nueva Ley de la Guardia Nacional y el paquete de reformas asociadas que serán discutidas esta semana en el Congreso de la Unión representan una amenaza directa al modelo constitucional de seguridad pública, al institucionalizar la militarización total de una fuerza que debe mantenerse civil, profesional y sujeta a controles democráticos.

El presidente panista, Jorge Romero Herrera, sentenció que el gobierno pretende disfrazar de armonización legislativa lo que en realidad es la consolidación de un modelo autoritario, opaco y regresivo. “No vamos a avalar una iniciativa que entrega el control absoluto de la seguridad pública a la Sedena, sin rendición de cuentas, sin límites temporales y sin respeto a los derechos humanos”, sentenció.

Romero Herrera también denunció que se está ampliando la jurisdicción militar a tareas policiales, en abierta contradicción con precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual genera incertidumbre jurídica y debilita el acceso a la justicia.

“Estamos ante una reforma que busca someter a una fuerza civil a la disciplina castrense, eliminando la excepcionalidad de la participación militar en tareas civiles. Es una militarización funcional, doctrinal y estructural que rompe con el mandato del artículo 21 constitucional”, subrayó.

En este contexto, puntualizó que el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados señaló que la iniciativa reincorpora disposiciones declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, como las operaciones encubiertas y el uso de identidades simuladas en tareas de prevención del delito.

Además, otorga a la Guardia Nacional facultades para geolocalizar y vigilar en tiempo real sin salvaguardas judiciales efectivas, atentando contra el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia.

RIESGOS

Por su lado, el coordinador de los diputados del PAN, señaló que la iniciativa impulsada por el oficialismo busca consolidar una estructura militar paralela que usurpa funciones civiles, centraliza el poder, elimina contrapesos y vulnera derechos fundamentales como la privacidad, el debido proceso y la rendición de cuentas.

“Lo advertimos hace más de seis años, lo que llamaron Guardia Nacional era solo un membrete. Hoy desenmascaran su verdadera intención: convertirla en una Guardia Militar, quieren vestir de uniforme castrense a una institución que, por mandato constitucional, debe ser civil”, acotó.

El líder parlamentario sentenció que entre los aspectos más preocupantes están que se otorgan facultades directas a la Guardia Nacional, ya en manos del Ejército,para requerir datos personales, geolocalización y otros elementos de vigilancia a las empresas de telecomunicaciones de los ciudadanos, sin el debido control judicial efectivo.

Con esto, consideró, se está institucionalizando el espionaje en tiempo real y se reincorporan incluso figuras como las operaciones encubiertas, que la Corte ya había declarado inconstitucionales.

Asimismo, advirtió que la reforma genera vacíos en la rendición de cuentas, pues en este gobierno todo lo que el Ejército construye se clasifica como seguridad nacional y nadie puede fiscalizar cómo gastan el dinero público.

Además, la reforma propone que los integrantes de la Guardia Nacional, aunque actúen en funciones de seguridad pública, serán juzgados por tribunales militares.

Finalmente, advirtió que esta militarización ya tuvo una expresión simbólica durante la reciente jornada electoral, cuando personal militar fue visto dentro del INE: “No hay nada más civil que el derecho al voto.

Pero ya ni eso respetan. La presencia de militares en las casillas o en las instituciones electorales marca una línea de absoluta gravedad que en una democracia no debería de cruzarse nunca”, concluyó.