Activistas y organizaciones civiles advirtieron que desde el Instituto Nacional Electoral (INE) y el oficialismo se está emprendiendo una campaña contra las voces críticas, abriendo investigaciones que atentan flagrantemente contra la libertad de expresión.

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El abogado Miguel Alfonso Meza explicó a través de su cuenta de la red social X que fue notificado de que el INE del inicio de un procedimiento en su ontra por violencia política, pero su acusador en un hombre.

Explicó que Luis Castañeda, exdirector de la consejería jurídica de la presidencia de la República y candidato a juez laboral en la Ciudad de México lo acusó de violentarlo políticamente.

El presidente de la organización Defensorxs explicó que este personaje, quien fue evidenciado por tener decenas de denuncias por violencia y acoso contra mujeres, lo cual está documentado, lo acusó utilizando el tipo de violencia política, aunque este término solo se aplica en caso de mujeres.

Detalló que la investigación contra este candidato está basada en entrevistas a varias de sus víctimas, capturas de pantalla y otras pruebas que ellas han compilado, así como la revisión de expedientes judiciales. También se documentó el involucramiento de Castañeda en un accidente en el que murió una persona.

“La violencia política contra los hombres no existe en ningún lugar de nuestra legislación. Solo existe la violencia política contra las mujeres en razón de género”, sentenció y explicó que pese a ello el INE admitió el recurso.

Con una foto de un extracto de la denuncia, el activista precisó que su acusador asegura que “la violencia política contra hombres, aunque menos visible que la violencia política contra mujeres, sí existe y puede manifestarse en diversas formas. Este tipo de violencia se define como el uso de la fuerza física o psicológica, o el atentado a las pertenencias, que tiene como objetivo afectar o impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una persona”.

Agregó que al aludir este personaje a una falta que no existe, el INE debió desechar su queja y no iniciar ningún procedimiento, pero sin embargo sí la abrió, por lo que consideró que este es un atentado a la libertad de expresión inaceptable.

“El hecho de que las autoridades electorales inicien un procedimiento sancionador por violencia política, ahora contra un hombre, es en sí amedrentador y violatorio de la libertad de expresión. Esto forma parte de la intensificación de los ataques contra la libertad de expresión que hemos vivido en las últimas semanas”, sentenció el abogado especialista en litigio estratégico.

Agregó que la organización civil que encabeza denunció a las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres por su precampaña anticipada y presentamos más de 100 pruebas, la respuesta que recibieron de las autoridades electorales es que no existía una irregularidad en la conducta de las ministras, por lo que ni siquiera se abrió una investigación.

Por ello, insistió en que esto es parte de una persecución contra actores que los incomodan y los cuestionan. “Ese es el objetivo de estos ataques sistemáticos a la libertad de expresión: callarnos la boca. En @DefensorxsAC no lo vamos a hacer. Como lo he dicho antes: si intentan suprimir el ejercicio de nuestras libertades políticas, vamos a desobedecer pacíficamente”, sentenció.

Este caso se suma a otros casos, como el de Karla Estrella, un ama de casa que publicó un tuit cuestionando la candidatura de la diputada Karina Barreras, esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presuntamente impulsada por su esposo.

El INE le ordenó retirar de inmediato el tuit y ofrecer disculpas públicas durante 30 días, además de tomar un curso sobre género y lectura de bibliografía especializada, así como la inscripción por 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.