El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sentenció que los senadores de este partido presentaron propuestas puntuales para corregir los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que permiten la geolocalización en tiempo real sin control judicial y la suspensión discrecional de transmisiones, pero Morena y sus aliados decidieron ignorarlas.

LEE ADEMÁS: Con nuevas leyes aprobadas se crea un Estado policiaco, advierte el PRI

“Queremos una ley moderna, no una ley autoritaria. Lo decimos de frente, esta legislación representa un retroceso para la democracia. No debemos permitir que se espíe a los ciudadanos ni que se controle a los medios”, precisó.

El líder panista precisó que estas legislaciones formalizan el espionaje sin orden judicial y abren la puerta a la censura, por lo que está claro que estamos ante un gobierno espía.

Dijo que Acción Nacional no acompañará una disposición que legaliza el espionaje sin orden judicial y abre la puerta a la censura y si bien se requiere una mejor regulación, esta no puede pisotear los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

El dirigente panista reconoció que gracias a la presión ciudadana y el trabajo del PAN se lograron corregir varios excesos del dictamen original, entre ellos la eliminación del artículo 109 que permitía el bloqueo de plataformas digitales, se subsanaron violaciones al T-MEC, se retiraron los artículos 201 y 202 que establecían censura previa a contenidos extranjeros, así como la modificación para que sea un órgano desconcentrado el que otorgue concesiones y no una sola persona.

Recordó que el PAN estaba dispuesto a votar a favor de esta ley si se corregía lo más grave y aunque se avanzó en varios temas, en lo más peligroso, como es el espionaje sin orden judicial, no quisieron ceder, lo que, evidenció, acerca cada vez más al país a un régimen de corte autoritario.

Finalmente, Romero acotó que el PAN continuará la defensa de las libertades de las y los mexicanos, y reiteró su compromiso de acudir a todas las instancias legales, nacionales e internacionales, para impedir que esta legislación se convierta en un instrumento de control político.