Bastaron 22 años para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) naciera, creciera y muriera. Su desaparición marca el fin de una era en la que cualquier ciudadano podía exigir cuentas al poder y, a cambio, deja un modelo donde la transparencia dependerá del gobierno en turno.
Este martes 18 de marzo, el Inai celebró su última sesión entre protestas y reclamos de sus propios trabajadores, que siguen sin saber si serán liquidados conforme a la ley o absorbidos por la nueva “Transparencia para el Pueblo”, el organismo gubernamental que tomará su lugar.
La opacidad ha ganado la batalla.
HUNDIMIENTO
Los últimos días del instituto han estado marcados por el caos. Mientras los trabajadores exigen claridad sobre su futuro, el comisionado presidente, Adrián Alcalá, admite que no hay recursos para liquidarlos y que su destino depende de una ley secundaria que aún no se aprueba en el Congreso.
Dentro del propio Inai, la pugna entre los comisionados Julieta del Río y Alcalá ha complicado aún más la transición. Los empleados denuncian que la falta de coordinación entre ellos ha deteriorado sus condiciones laborales.
La incertidumbre solo es un reflejo de la improvisación con la que el gobierno ha decidido desmantelar al organismo.
CONTROL
A partir del 20 de marzo, si el Congreso avala las leyes secundarias, iniciará un periodo de transición para que la transparencia del Poder Ejecutivo esté en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Función Pública).
Las nuevas reglas permiten a la Presidencia reservar información cuando lo considere “de interés nacional”, incluyendo temas de seguridad, telecomunicaciones y proyectos prioritarios. Además, el acceso a la información ya no será centralizado: ahora habrá 18 autoridades distintas que decidirán qué datos se pueden conocer.
Lo que antes dependía de un organismo autónomo, ahora será resuelto por funcionarios designados por el gobierno.
LO QUE PERDEMOS
No se trata solo de la desaparición de un organismo autónomo. Se trata de la eliminación de un mecanismo que permitió revelar algunos de los casos de corrupción más grandes del país.
Gracias al Inai, la sociedad conoció detalles sobre la estafa maestra, el caso Odebrecht, las irregularidades en el caso Ayotzinapa y hasta los contratos del Ejército con Pegasus, el software de espionaje.
No era un organismo perfecto. Hubo escándalos, como el uso de tarjetas corporativas por parte de un excomisionado para pagar en un table dance. Pero un órgano autónomo garantizaba contrapeso real contra el abuso de poder.
