PATRICIA RAMÍREZ
El explosivo crecimiento en las denuncias por extorsión a personas que acceden a préstamos “fáciles” a
través de aplicaciones encendió las alarmas en el Congreso de la Ciudad de México, donde legisladores
demandaron a la Policía Cibernética de la secretaría de Seguridad Ciudadana a investigar las más de
130 apps identificadas como defraudadoras.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó que en lo que va del
año ha recibido 5 mil 452 reportes por el esquema de extorsión y fraude conocido como “montadeudas”,
un aumento de 454 por ciento al comparar el promedio mensual recibido durante 2022 contra el del año
anterior.
Detalló que hay una lista de decenas de aplicaciones fraudulentas y precisó que la estafa parte de la
oferta de un préstamo fácil e inmediato, prácticamente sin requisitos, a través de aplicaciones para
dispositivos móviles, pero los intereses incrementan sin previo aviso hasta volverse impagables y ahí
empiezan las amenazas para extorsionar al deudor que llegan incluso a situaciones muy violentas.
Los reportes provienen en un 55 por ciento de los casos de la Ciudad de México y el resto de otras
entidades, principalmente del Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Puebla, aunque los hay
de todo el país.
“Para el cobro, los delincuentes, que ya habían solicitado desde la app acceso al teléfono de la víctima,
amenazan con exhibirla y desprestigiarla con sus contactos, difundir material íntimo o lastimarla a ella y
a sus familiares”, aseguró el presidente del Consejo, Salvador Guerrero Chiprés.
Los datos indican que al 36 por ciento de las víctimas las amenazaron con cobrar la deuda a sus
contactos, al 19 por ciento con difamarla y al 18 por ciento le hicieron advertencias o insultos, entre
otras. En 86 por ciento de los casos, los montos de las deudas oscilan entre 500 y 10 mil pesos, aunque
se registran casos por más de 100 mil pesos.
En el último año, el Consejo ha apoyado a 449 personas en la apertura de una carpeta de investigación
por delitos relacionados con los “montadeudas”: en el 94 por ciento por cobranza ilegítima, 2.4 por
ciento por extorsión, 2 por ciento por amenazas y el resto por fraude, delitos contra la intimidad sexual y
robo.
En tanto, la Policía Cibernética de la secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que a través del
patrullaje virtual identificaron que para instalar las aplicaciones de préstamos exprés los usuarios dan
acceso a su agenda de contactos y galería de imágenes, que utilizan si la persona no paga en tiempo y
forma, y recibe una serie de amenazas vía telefónica o mediante mensajes de WhatsApp o, en algunos
casos, las fotos las pusieron en redes sociales ofreciendo supuestos servicios sexuales o refieren que el
afectado es un defraudador.
En este contexto, diputados locales exhortaron a la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del
gobierno capitalino a que investigue a al menos 130 aplicaciones, mediante las cuales se defrauda a la
población.
Los diputados acordaron solicitar a la Policía Cibernética de la SSC, comenzar las indagatorias en torno
a apps que defraudan y emplean cobranza ilegítima, a través de difundir la deuda entre los contactos de
las víctimas.
Explicaron que, para cobrar a sus víctimas, las financieras recurren al doxing, práctica ilegal de revelar,
por medios digitales, información personal sin el consentimiento de la víctima, lo que violenta la
protección de datos personales.
PIDEN AUMENTAR PENAS
En tanto, en diputado federal Bruno Blancas Mercado propuso sancionar de 3 días hasta 12 años de
prisión al que, valiéndose de la necesidad económica, difunda, promocione u otorgue créditos ilegales.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, busca sancionar a aquellas instituciones no financieras
que efectúan fraudes contra la ciudadanía, al establecer que las penas serán las previstas en el artículo
386, sobre delito de fraude.

Estas son: prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no
exceda de diez veces el salario; prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario,
cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario, y prisión de tres a
doce años y multa hasta de 120 veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de 500 veces
el salario.
Blancas Mercado argumenta que actualmente los créditos representan un salvavidas para las personas,
derivado de diversas circunstancias como el desempleo o la acumulación de deudas por una mala
cultura financiera. Sin embargo, a partir de la necesidad, los estafadores han tenido oportunidad de
implementar publicidad maliciosa, páginas de internet apócrifas y aplicaciones que ofertan préstamos
personales inmediatos sin requerimientos como conocer el historial crediticio o el estatus en buró de
crédito.