Alcaldes de América del Norte unen fuerzas en defensa del comercio libre y justo

La declaración conjunta defiende “los beneficios del comercio libre y justo” que ofrece el T-MEC


T-MEC
Foto: Cuartoscuro.com

En el contexto de la crisis arancelaria desatada por Donald Trump, quien quiere imponer tarifas de 25% a prácticamente todo el mundo, un grupo de alcaldes y funcionarios de Canadá, México y Estados Unidos, reunidos en Washington D. C. en una cumbre trilateral, firmaron una declaración conjunta sobre los beneficios del comercio libre y justo en América del Norte.

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Al respecto, se informó que representantes de un grupo multipartidista de alcaldes y otros funcionarios locales que representan a ciudades y municipios de las tres naciones se reunieron “para promover el valor del comercio justo para sus comunidades y advertir sobre los altos costos que imponen los aranceles a las familias, las empresas y las comunidades locales”.

A través de un comunicado publicado en la página oficial de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos (The United States Conference of Mayors), expresan que “como alcaldes de Canadá, México y Estados Unidos, instamos a los líderes nacionales a respetar los acuerdos comerciales vigentes entre nuestras tres naciones. Durante casi 30 años, el comercio en América del Norte ha aportado un inmenso valor a todas nuestras comunidades, creando empleos y reduciendo el costo de vida de las familias”.

Y agregan: “Nuestras naciones no tienen mejores socios comerciales, y cuando comerciamos con reglas justas, como en el marco del Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), los tres nos beneficiamos”.

En 2022, recordaron en el texto, “con el firme apoyo de los alcaldes de las tres naciones, nuestros países signatarios del T-MEC generaron aproximadamente 17 millones de empleos, lo que representa un aumento del 32% en comparación con 2020”.

El aumento de aranceles, advierten, “únicamente aumenta los costos para las empresas, los trabajadores y los consumidores de América del Norte”.

Los aranceles, epxlican los alcaldes, “son impuestos que aumentan el costo de la vida, agotan las cuentas bancarias, ponen en riesgo las cadenas de suministro y los empleos, y perturban las actividades comerciales locales que impulsan las economías de las tres naciones. Nuestras comunidades serán las primeras en sentir el impacto”.

El documento finaliza con un exhorto a los gobernantes de cada país involucrado: “Nuestras ciudades y países necesitan políticas que fomenten la inversión y faciliten la circulación eficiente de bienes y servicios a través de las fronteras para sostener la prosperidad económica y la creación de empleo.

Instamos a los líderes nacionales a priorizar a nuestras comunidades, poner fin a la guerra comercial y fortalecer nuestros países mediante un comercio libre y justo. Nuestras familias, empresas y trabajadores dependen de ello”.

Las funciones de la Conferencia consisten en “ayudar a desarrollar y promover políticas urbanas y suburbanas nacionales eficaces; fortalecer y hacer más efectivas las relaciones entre el gobierno federal y las ciudades; supervisar la eficacia de las políticas federales en cuanto a su respuesta a las necesidades urbanas; ayudar a los alcaldes a desarrollar herramientas de liderazgo y gestión; y crear un foro donde los alcaldes puedan compartir ideas e información”, según su página.

Al contar con todos los grandes municipios y a sus líderes en su seno, “la conferencia representa a la gran mayoría de los componentes de la economía nacional. Según uno de los informes de la propia Conferencia, las áreas metropolitanas representaron el 84 % del producto interno bruto del país y, al mismo tiempo, generaron el 84 % de las oportunidades de empleo del país”.

Cabe recordar que la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos es la organización oficial no partidista de ciudades con una población de 30 mil o más habitantes. Cada urbe está representada por su alcalde u otros altos funcionarios electos.

La organización se fundó durante la Gran Depresión y estuvo bajo la dirección de Herbert Hoover hasta que se firmó su acta constitutiva original en Washington, en vísperas de la investidura de Franklin D. Roosevelt. Esta instancia es parte de los llamados “Big Seven”, un grupo de organizaciones que representan a los gobiernos locales y estatales en Estados Unidos.