Alejandro Irarragorri, dueño del Club Santos Laguna y uno de los hombres más poderosos del futbol mexicano se ha convertido en prófugo de la justicia federal.

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Este viernes, se dio a conocer que el presidente de Grupo Orlegui (al cual también pertenece Atlas), tiene una órden de aprehensión en su contra por el delito de defraudación fiscal por más de 17 millones de pesos.

Dicha órden se giró dado que el empresario no se presentó ante la justicia federal en Torreón a una audiencia de carácter presencial el 24 de marzo, tras haber sido citado por un juez de control durante una videoconferencia que tuvo lugar el 20 de marzo.

De acuerdo al periódico Reforma, la asistente de Registros del Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Karla Cecilia Marín, al no presentarse Irarragorri, lo declaró como “evadido de la justicia”; es decir, prófugo.

Por tal motivo, la Fiscalía General de la República busca capturarlo para presentarlo ante las autoridades pertinentes y definir su situación legal por el delito presuntamente cometido a través del equipo de futbol lagunero.

Club Santos acusa “presiones judiciales”

Mientras Irarragorri Gutiérrez, de 53 años, se encuentra prófugo de la justicia, el Club Santos emitió un comunicado en el que acusa “presiones judiciales” y que no se ha respetado el debido proceso contra el propietario del equipo.

Además, expresó que se trata de una “presunta” orden de aprehensión por una “supuesta” inasistencia de Alejandro Irarragorri a la audiencia convocada por el Juez de Distrito, Luis Alfredo Mendoza García, en Torreón.

Santos esgrimió en su comunicado que el 20 de marzo, Irarragorri se presentó en tiempo y forma a la audiencia virtual. Pero “sorpresivamente” el Juez decidió cancelarla mientras se llevaba a cabo y emplazó “sin cumplir con los tiempos marcados por la ley” a otra para cuatro días después.

“Alejandro Irarragorri Gutiérrez no fue apercibido formalmente, por lo que su presunta no asistencia de ninguna manera daría para que el Juez dictara medidas cautelares” defendió Santos a su propietario.

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Además, el conjunto lagunero rechazó que una “discrepancia en la interpretación de la norma fiscal –que puede y debe dirimirse por vías administrativas- se traslade al ámbito penal”

Por último, el conjunto lagunero agregó que “hará valer sus derechos y rechaza cualquier intento de presión, aunque esté disfrazado de un acto judicial”.