El dirigente nacional y senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar la pérdida de registro de Morena y, de manera paralela, anunció que presentó denuncias ante autoridades de Estados Unidos para que el partido oficialista sea investigado como un “narcopartido”, al acusarlo de mantener presuntos vínculos con organizaciones criminales y operar electoralmente con apoyo del narcotráfico.

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Moreno Cárdenas, en conferencia de prensa, sostuvo que la petición presentada ante el órgano electoral mexicano se basa en los señalamientos y acusaciones surgidas en Estados Unidos contra funcionarios de Morena, particularmente en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros actores políticos relacionados con esa entidad.

Afirmó que Morena “se convirtió en el brazo político de los cárteles” y aseguró que existen elementos suficientes para solicitar que el INE analice la cancelación de su registro como partido político.

Señaló que durante procesos electorales hubo amenazas, secuestros, asesinatos y coacción contra candidatos y operadores políticos para favorecer al oficialismo.

Además, informó que presentó documentación ante el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de que se investigue a Morena y a funcionarios vinculados con ese partido por presuntos nexos con grupos criminales.

Explicó que sus denuncias se sustentan en las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente estadounidense Donald Trump contra cárteles mexicanos considerados organizaciones terroristas.

Moreno Cárdenas acusó que en Sinaloa operó una “estructura criminal” integrada por autoridades estatales, policías, fiscalías y funcionarios vinculados con Morena, quienes, dijo, actuaron en coordinación con grupos del narcotráfico y añadió que lo ocurrido en esa entidad “es apenas la punta del iceberg” y señaló que existen casos similares en otros estados del país.

También pidió que las autoridades estadounidenses retiren visas, emitan órdenes de extradición y procedan legalmente contra funcionarios y gobernadores de Morena que, aseguró, mantienen presuntos vínculos con organizaciones criminales. Entre los nombres mencionados estuvieron Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila.

El dirigente priista afirmó que el gobierno federal protege políticamente a Rocha Moya y acusó a Morena de haber pactado con el crimen organizado desde 2018 para operar electoralmente en distintas entidades del país.

“Morena y el narco se hicieron uno mismo”, declaró al insistir en que su partido continuará impulsando acciones legales nacionales e internacionales contra integrantes del oficialismo.