En México, el Estado se divide en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Andrés Manuel López Obrador volvió ayer a la ofensiva contra el Estado.

Pedir que se investigue a los jueces porque han otorgado amparos en contra de la reforma eléctrica, su reforma, es atentar contra esa división.

Cada poder tiene su función y responsabilidad específica y está plasmada en la Constitución.

El Legislativo se encarga de las leyes, el Ejecutivo de administrar, de ejecutar, de gobernar, y el Judicial de aplicar esas leyes.

Sencillo y claro.

Pero en México, históricamente el Legislativo y el Judicial han estado subordinados al Ejecutivo.

Al presidente.

Los jueces reviraron contundentemente:

-Nuestro único compromiso es con la Constitución.

Jueces y magistrados agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación advirtieron que su “único compromiso es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo estado de derecho”.

A López Obrador le irritó que tres jueces hayan otorgado ya amparos en contra de su reforma, esa que pone a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las empresas privadas, pese a los contratos firmados y pese a que el proceso será más caro, más contaminante y menos productivo.

Y pese a que el consumidor pagará más.

Los cambios en la Ley de la Industria Eléctrica, como se le llama oficialmente, incrementarán los costos para el consumidor, eliminarán la competencia en el sector y retrasarán a México en la transición a las energías limpias, han coincidido especialistas y analistas.

BBVA México, por ejemplo, presentó un informe recientemente, en el que asegura que dar prioridad a la CFE, empresa del Estado, sobre opciones menos costosas y más viables en términos económicos y ambientales, será contraproducente.

Pero Andrés Manuel no escucha.

Cuando quiere algo, no entiende razones.

En 2019, Félix Salgado Macedonio, senador, amenazó con promover la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si los ciertamente cínicos y vividores ministros se negaban a ganar menos que el presidente, como exigía López Obrador a todos los trabajadores del gobierno, a todos los servidores públicos.

¡Cuánta ignorancia del senador!

Andrés Manuel, acostumbrado a gobernar desde la llamada mañanera en Palacio Nacional, propone y… él dispone.

Así sucedió cuando sugirió a la Fiscalía General de la República (FGR), donde cobra el Fiscal Carnal Alejandro Gertz Manero hacer público el expediente de Emilio Lozoya Austin, por ejemplo.

Gertz Manero corrió a hacerlo.

Y no importó poner en riesgo el debido proceso.

Y así ha sugerido revelar información que, curiosamente, a las horas es pública.

Y así sucedió, por ejemplo, con la prohibición expresa que hace la Constitución a los funcionarios y servidores públicos para entrometerse en temas electorales, y que existe ¡porque así lo exigió López Obrador en 2006, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife, para más fácil) concluyó que Vicente Fox Quesada se entrometió y puso en riesgo la elección, pero, de todos modos, declaró al nefasto Felipe de Jesús Calderón Hinojosa presidente electo.

Aquel “¡Al Diablo con sus instituciones!” y “¡Cállate, chachalaca!” del tabasqueño derivó en esa reforma electoral, que hoy desprecia y viola.

Y el Trife le dio la razón a la impugnación que presentó Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, al exhorto del INE para no hablar de la elección en su conferencia diaria.

Andrés Manuel tiene a su servicio al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte y, en consecuencia, ganará la disputa.

En ambos ha colocado incondicionales.

 

También en la ASF

Así se impuso al reclamar los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que refiere un disparo de 232 por ciento en el costo por tirar a la basura el aeropuerto de Texcoco.

De 100 mil millones que ha dicho el gobierno federal, la cifra se incrementó hasta 331 mil 996 millones 517.6 mil pesos.

Casi el triple.

Bastó con que lanzara su clásico “yo tengo otros datos” -y así lo dijo, textual- y que pidiera investigar al titular del organismo, para que David Colmenares, el auditor, se acobardara y se entregara como cordero.

Y para que, aún sin revisar el expediente, dijera que sí, que el costo fue menor. Que se equivocaron.

 

Impone a Félix

Y a propósito de Félix Salgado Macedonio, Morena confirmó anoche lo que se publicó en Ovaciones hace tres días: será su candidato en Guerrero, pese a las acusaciones de violación y abuso sexual en su contra.

Mario Delgado Carrillo, quien tiene cero capacidad de decisión en Morena, porque sólo obedece órdenes de López Obrador, emitió un comunicado en el que, sin vergüenza alguna, dice casi que el senador con licencia es lo mejor que podría haberle sucedido al mundo.

Y concluye que pus sí, que ahí están las acusaciones, pero que si la justicia, la ley, no ha podido probar nada, ellos, Morena, no pueden hacer nada y, en consecuencia, el guerrerense es inocente hasta que se le compruebe lo contrario.

Y, nuevamente sin vergüenza ni recato, hace un reconocimiento a la lucha de las mujeres contra la violencia de género pero las remite al ministerio público o a los jueces.

Salgado Macedonio es protegido de Andrés Manuel y sólo una renuncia de él -si conoce la dignidad – podría evitar que sea el candidato… y el gobernador de Guerrero.

No se rompió el pacto.

Se engañó a todos.

No son iguales… son peores.

 

Vámonos: Vaya, hasta que la Cofepris, que dirige el irresponsable Hugo López-Gatell -así lo calificó Sergio Mayer- autorizó el uso del remdesivir contra Covid-19.

 

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