“Nunca dejamos de buscar a los jóvenes”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador a los familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

A 10 años del caso Ayotzinapa y del segundo informe que entregó a los familiares de los normalistas, sabiendo que su gobierno no pudo concretar su compromiso de encontrar a los estudiantes normalistas, indicó que les envió una carta, con fecha adelantada del 26 de septiembre de este año, y aseguró que “se avanzó, no como quisiéramos” en el esclarecimiento de la desaparición de los jóvenes.

Dejó claro que la violación de derechos humanos y la impunidad “no pueden tolerarse en ninguna circunstancia, porque entre otras razones, los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional”.

Y que a quienes interesa tener una Ejército debilitado es a los poderes extranjeros, a las hegemonías, “porque una autoridad nacional sin fortaleza es como una hoja seca, no puede defender los intereses de la nación”.

Insistió que éste “no es un expediente cerrado. Va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas que no se conocían, porque siempre se manejó este asunto sólo arriba, y no sólo hablo de los potentados en lo económico, en lo político, sus medios de información, sino también de las organizaciones sociales, de defensa de derechos humanos que no dejan de estar en la cúpula, que no dejan de pertenecer a lo que se llama sociedad política y se olvidan del pueblo raso, de informar a todos”.

Al dar lectura a su carta, reiteró lo que ya se ha dado a conocer en otras ocasiones, como el que la verdad histórica no era tal, con un resumen, así como informes y anexos.

“Como ustedes saben, desde el inicio de mi mandato me propuse, con toda convicción destinar, tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos acontecidos hace 10 años, castigar a los responsables y, sobre todo, encontrar a los jóvenes”, dijo.

Recordó que desde un principio, confió la responsabilidad a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, quien contó con su apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relación con los abogados de los familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras.

Destacó que le otorgó a Encinas, su confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos, “de esta forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos”, lo cual se logró en los dos primeros años del gobierno.

Se disculpó en que no haya sido posible avanzar más, porque “el personaje principal que mencioné -González Valencia-, que permanece en la cárcel, que quiero aclarar, no tuvo una participación directa, pero en la cárcel conoció a muchos de los que participaron en la desaparición de los jóvenes y él pidió, porque se está solicitando su extradición a Estados Unidos, como tiene relación con ellos, con algunos de los que participaron, y a nosotros lo que nos interesa es encontrar a los jóvenes, dijimos, vamos a esperar a tener la información, porque es lo más importante”.

Recordó que se le trasladó de penal, “y ayudó, pero luego dejó de mostrar voluntad para seguir cooperando, aún cuando tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición”, y de todo ello, aseguró el primer mandatario, se tienen pruebas.

Recordó que desde el principio del caso, se cometieron de manera consciente o inconscientemente “una serie de errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes”.

Por la presunta desaparición de los jóvenes, el presidente López Obrador señaló que se han procesado a 151 personas, de las que 134 son civiles; 16 militares, incluidos dos generales y un elemento de la Marina; y se encuentran pendientes de ejecutar tres órdenes de aprehensión más en contra de militares, y destacó que en su sexenio, el número de encarcelados se incrementó de 59 a 120 personas.

Destacó que en los dos años en que tomó el mando del caso, funcionarios de su gobierno han dialogado en las cárceles con los involucrados, pero además, reconoció que a pesar de que se han ofrecido recompensas y de que se promulgó la Ley de Amnistía, para garantizar protección y apoyo a informantes, “hasta ahora ha sido poco lo alcanzado”, aunque aseguró que están por aportar, “en un futuro cercano, información para encontrar a los estudiantes desaparecidos”.

Por último, dijo en su misiva que “si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”.