Patricia Ramírez / Ovaciones
Foto: Congreso Ciudad de México
El Congreso de la CDMX analiza la iniciativa de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) para emitir la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México, que contempla no solamente la reparación del daño en caso de afectaciones ecológicas, sino tambien evitar la repetición de los ilícitos.
El subprocurador de Asuntos Jurídicos de la PAOT, Marco Antonio Esquivel, enfatizó que la propuesta de ley tiene como objetivo la reparación integral del daño al medio ambiente natural, al medio ambiente construido y a la salud. Especificó que la PAOT actualmente sólo impone medidas precautorias, y que la iniciativa que se analiza tiene una visión de prevención.
Ejemplificó que en el caso hipotético de que una sentencia ordene plantar cierta cantidad de árboles, estos también deberán ser supervisados por un determinado tiempo, garantizando su supervivencia. “El tema de reparación del daño está saliendo del esquema administrativo para llevarlo al ámbito judicial”, expresó.
La presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso local,Tania Larios Pérez, afirmó que la capital del país se ha mantenido a la vanguardia en diversas materias, y que el tema de responsabilidad ambiental no será la excepción para garantizar la protección del medio ambiente.
La diputada priísta explicó que esta iniciativa plantea establecer mecanismos efectivos para que quienes generen daños ambientales estén obligados a repararlos por mandato judicial, “una de las principales tareas que tenemos es promover la justicia ambiental, una justicia que aún no podemos consolidar, ni buscar cómo hacerla eficaz y viable”.
A su vez, el abogado ambientalista, Mauricio Limón Aguirre, reseñó que el acuerdo es un convenio latinoamericano y caribeño en materia de derechos de acceso a la información, a la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, que nuestro país ya ratificó.
En este sentido, recomendó no legislar sin tomar en cuenta los pilares del acuerdo, el acceso a la información, a la participación, de acceso a la justicia y de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, aunque el objeto de la ley sea la reparación del daño.
Por su lado, la doctora María Amparo Hernández Chong Cuy, magistrada del décimo octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, precisó la importancia de la reparación del daño con medidas que minimicen los riesgos que puedan ser ocasionados en el medio ambiente.
Consideró que se requieren leyes procesales en materia ambiental que involucren plenamente a todas las partes implicadas mediante esquemas que permitan a los juzgadores asumir una verdadera rectoría en el proceso, sugirió que estos temas se resuelvan mediante juicios orales y habló de la necesaria inclusión de las autoridades y ciudadanía para hacer efectiva la responsabilidad ambiental.
El diputado Javier Ramos Franco habló de la importancia de discutir una propuesta multidisciplinaria que promueva el cumplimiento de la normatividad, que plantee la reparación integral del daño y garantice la no repetición en casos de deterioro ambiental, a través de aspectos como la creación de juzgados y salas civiles especializados.
El abogado consultor Pablo Uribe Malagamba indicó que los problemas socioambientales surgen de la apropiación de personas y corporaciones que se acercan a los recursos naturales para usarlos, aprovecharlos y hasta generar contaminantes, por lo tanto, tiene que ver con los usos incompatibles de los recursos señalados.
Indicó que el derecho ambiental tiene que garantizar un medio de vida adecuado, no sólo para las generaciones presentes, sino también para las futuras. Explicó que los daños ambientales son indirectos, difusos y no forman parte de un daño patrimonial.
Agregó que para resolver los problemas socioambientales es necesaria la información abierta, transparente y continua. En la última mesa, titulada “Responsabilidad penal en materia ambiental”, el abogado consultor Calvillo Díaz se refirió a los casos de daño ambiental intencional, que son los que ocurren cuando la persona o empresa infractora conoce previamente lo que va a suceder y sabe claramente que no lo debe hacer y aún así toma una decisión delictiva que termina en daño ambiental.
Explicó que ante un proceso penal, la PAOT será la instancia responsable de representar a las víctimas, es decir a la ciudadanía afectada por daño a un bien ambiental; y afirmó que cuando hay un daño ambiental, todo el aparato del Estado debe volcarse para aplicar las sanciones.
El maestro Gabriel Calvillo Díaz, al referirse a la parte preventiva, señaló que nadie quiere hacerse responsable de los riesgos, y aunque ya exista regulación se necesita entender e informar para que se entienda que se causa un daño al medio ambiente y de ahí la importancia del papel de las grandes empresas como las desarrolladoras inmobiliarias, gasolinerías o campus universitarios.
Por ello dijo que estas empresas pueden tener un “compromiso” cotidiano de medir los riesgos del daño al medio ambiente, que aunque existen sanciones, es indispensable un “pronunciamiento claro” para que estas empresas comiencen un proceso, de forma voluntaria, para prevenir este daño.
