Analizará AMDA acciones legales por autos chocolate

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) evaluará iniciar acciones legales ante el Poder Judicial de la Federación contra el decreto presidencial para regularizar vehículos usados que ingresan de manera ilegal, principalmente de Estados Unidos y conocidos como “chocolate”.

Tras la firma del decreto en Ensenada, Baja California, la agrupación del sector privado dijo que valorarán proceder legalmente cuando se publiquen los lineamientos del decreto de regularización, una medida que, acusó la AMDA, formaliza la corrupción.

Reprochó la legalización del contrabando automotriz por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en acto protocolario, donde estuvieron ausentes los lineamientos del instrumento jurídico que dará cauce a la regularización.

Además, agregó, se habló de la corrupción del pasado, al momento en que se formalizaba la corrupción del presente.

La AMDA llamó a López Obrador a instrumentar, de inmediato, políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.

Consideró necesario desarrollar un plan integral de movilidad para la Frontera Norte, que incluya disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que doten de un sistema integrado de transporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental con el concurso del gobierno federal, estatal y municipal, así como la iniciativa privada.

Demandó tolerancia cero al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos.

“Es indispensable acabar con la corrupción aduanera; así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles”, precisó.

Exigió el estricto cumplimiento del ANEXO No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatales, mediante el cual asumen responsabilidades para combatir el contrabando automotriz.

Con ello, agregó, eliminar el comercio tolerado de vehículos ilegales, así como refundar el Registro Público Vehicular (REPUVE), a través de la aprobación de una Ley General que le otorgue facultades para ordenar el registro vehicular, hacer obligatorio el concurso de los gobiernos estatales y vertebrar los procedimientos de control vehicular federal y locales.

En esta materia es urgente plasmar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022 una partida suficiente para equipar al REPUVE y ampliar su capacidad de atención.

Desde la aprobación de su Ley en septiembre de 2004 y hasta la actualidad el REPUVE no ha cumplido con las responsabilidades que la Ley le marca y los requerimientos que el país enfrenta, a pesar del compromiso y esfuerzo de sus trabajadores. La regularización del contrabando automotriz por motivos de seguridad pública sin un Registro Público Vehicular confiable será una falacia.

La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos, cubiertos con el manto de benefactores de los más pobres.