La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy Ramos, presentó en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la iniciativa de Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, cuyo propósito central es garantizar el derecho humano al agua, revertir la visión privatizadora establecida desde 1992 y crear un marco jurídico integral, equitativo y sustentable

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Godoy Ramos afirmó que el agua es un derecho humano, no un privilegio; una fuente de vida, no una mercancía; un bien público, no de derecho privado.

Sostuvo que privatizar el agua significa robarle a los pueblos su futuro y subrayó que de este derecho dependen otros fundamentales como la vida, la salud, el medio ambiente y el desarrollo comunitario.

Explicó que la propuesta se sustenta en los principios de acceso equitativo, gestión comunitaria y protección de los ciclos naturales, resistiendo al extractivismo y al cambio climático.

Recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 establece como prioridad garantizar el acceso al agua mediante una gestión eficiente, sustentable y resiliente frente al cambio climático, protegiendo la integridad de las cuencas y asegurando su disponibilidad.

Se realizaron foros de consulta en las 13 regiones hidrológicas del país, con la participación de gobiernos estatales y municipales, comunidades indígenas y afromexicanas, académicos, organizaciones sociales, usuarios y sector privado, para integrar la propuesta que será enviada al Congreso.

La Ley General de Aguas, reglamentaria del artículo cuarto constitucional, establece las bases para garantizar el derecho humano al agua y define competencias entre los tres órdenes de gobierno.

Reconoce los sistemas comunitarios de agua y saneamiento sin fines de lucro, plantea la creación de una Estrategia Nacional Hídrica como instrumento de planeación y evaluación a largo plazo, regula la captación de agua pluvial y obliga a incorporarla en obras públicas y privadas, promueve la participación ciudadana en la planeación y gestión, y establece requisitos mínimos para la integración de organismos operadores de agua y los perfiles que deben cumplir sus titulares.

En la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, se plantea un profundo cambio de visión para dejar de considerar al agua como mercancía y reconocerla como bien estratégico de la nación.

Entre los puntos centrales se elimina la transmisión de concesiones entre particulares, se establece que toda prórroga pasará por revisión de la Conagua con criterios técnicos, fiscales y de responsabilidad hídrica, y se prohíbe el cambio de uso de las concesiones sin autorización expresa.

Asimismo, se crea un Registro Nacional del Agua, confiable y transparente, que permitirá dar trazabilidad a cada concesión y evitar actos de corrupción.

Se establecen procedimientos abreviados para casos de herencia o compraventa de propiedades con títulos de concesión, a fin de dar certeza jurídica a los usuarios y evitar el mercado de concesiones.

La iniciativa también incluye un capítulo de delitos hídricos que sanciona la extracción y traslado ilegal del agua, así como los actos de corrupción en la expedición de concesiones, con penas de uno a diez años de prisión, agravadas para servidores públicos.

Se prevé la aplicación de la extinción de dominio en casos de robo de agua, así como la creación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales que concentrará los volúmenes recuperados por extinción o devolución de concesiones y que podrán ser reasignados por la autoridad.

Se incrementan las sanciones económicas para inhibir prácticas ilegales, se limita el pago de cuota de garantía a un máximo de cinco años, y se promueve la eficiencia en el uso agrícola e industrial mediante tecnificación y sistemas de medición.

Efraín Morales López, director general de la Conagua, destacó que la propuesta busca ordenar el uso del agua en el país, garantizar certeza jurídica a los usuarios y recuperar para la nación un recurso escaso e indispensable.

Afirmó que con esta iniciativa el agua deja de ser mercancía para convertirse nuevamente en recurso de la nación y que se recupera el derecho al agua como derecho humano.

Cumplimiento asegurado en la entrega de agua a Estados Unidos

Efraín Morales López informó que México cumplirá en tiempo y forma con el compromiso de entrega de agua a Estados Unidos, establecido en el tratado bilateral de 1944, a pesar de las sequías extremas que han reducido los niveles de las presas en el norte del país.

El compromiso equivale a 2 millones 157 mil metros cúbicos de agua, contabilizados por quinquenio, y la entrega deberá concretarse a finales de octubre o principios de noviembre. Mediante un acuerdo con autoridades estadounidenses se definió un mecanismo que permitirá cubrir el volumen requerido sin afectar a productores nacionales ni al derecho humano al agua en México.

El grupo técnico que da seguimiento a este proceso, en el que participan la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Internacional de Límites y Aguas, mantiene comunicación permanente con autoridades de Estados Unidos y con los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se acordaron acciones conjuntas para el saneamiento del río Tijuana, y la entrega de agua se realizará de manera ordenada según escurrimientos y condiciones climáticas de la región.

Morales López puntualizó que este mecanismo garantiza el cumplimiento del tratado en los plazos establecidos y asegura que no habrá afectaciones a los productores ni a la población en general.