Anuncian protocolo especial para vehículos con materiales peligrosos

El Reglamento de Tránsito de la CDMX vigente establece en el artículo 27 y 28 las restricciones



Aunque el Reglamento de Tránsito vigente de la Ciudad de México ya contempla disposiciones específicas en sus artículos 27 y 28 para regular la circulación de vehículos que transportan hidrocarburos y materiales peligrosos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que, tras el accidente en el Puente de la Concordia, instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) del gobierno federal, a elaborar un protocolo especial para este tipo de transporte.

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“Lo que estamos construyendo y quiero que podamos tener es justamente un protocolo de circulación de vehículos que cargan hidrocarburos o algún material peligroso“, señaló en conferencia de prensa.

La jefa de Gobierno afirmó que la ciudad necesita contar con mejores condiciones para la circulación, ya que “esta situación fue muy grave y no queremos que se repita, no debemos“.

Brugada Molina explicó que este protocolo será una propuesta que defina condiciones claras de seguridad para la circulación de transportes con materiales peligrosos y que debe incluir horarios, rutas y medidas específicas para evitar accidentes de gran magnitud. “

La ciudad necesita un protocolo claro para los vehículos que transportan materiales peligrosos, de manera que se reduzcan al máximo los riesgos“, afirmó.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que este tema ya se encuentra regulado en el Reglamento de Tránsito, particularmente en su artículo 27, donde se establece que “los vehículos con estas características deben de sujetarse a circular por las rutas, horarios e itinerarios de carga y descarga dados a conocer por las autoridades“.

Explicó que la pipa siniestrada circulaba por una vía primaria habilitada, “cuya presencia estaba permitida porque no tenía alternativas de incorporación en la ruta que seguía el autotransporte en dirección al Estado de Puebla“.

Vázquez Camacho señaló que, además de estas disposiciones, debe cumplirse con normas técnicas adicionales.

“El tema de la velocidad tiene que verse de acuerdo con el límite establecido en la vía, pero también de manera análoga a normas técnicas existentes, de acuerdo con las dimensiones y peso del vehículo“.

Qué dicen los artículos 27 y 28 del Reglamento de Tránsito vigente de la CDMX

El artículo 27 fija que los conductores deben sujetarse a las rutas, horarios e itinerarios autorizados, abstenerse de realizar paradas no señaladas y, en caso de congestionamientos, solicitar prioridad a los agentes mostrando la documentación correspondiente. También obliga a que las unidades circulen señalizadas y balizadas conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y que cumplan con los lineamientos emitidos por las autoridades competentes.

Las sanciones por incumplimiento van de 40 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la reducción de tres puntos en la licencia de conducir.

El artículo 28 agrega prohibiciones específicas: no se permite estacionar este tipo de unidades en la vía pública ni cerca de fuentes de riesgo, lo que se sanciona con 500, 550 o 600 UMA y tres puntos, ni realizar maniobras de carga y descarga en sitios no autorizados, lo que implica multas de 80, 100 o 130 UMA y seis puntos de penalización.

Con estas disposiciones, el marco regulatorio vigente ya establece medidas estrictas para prevenir riesgos derivados del transporte de materiales peligrosos.

Líneas de investigación y chofer en calidad de detenido, se encuentra bajo custodia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió dos líneas de investigación por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia: posibles faltas al deber de cuidado del conductor —entre ellas el exceso de velocidad como causa preliminar de la volcadura— y el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa transportista.

La fiscal Bertha María Alcalde Luján informó que el chofer permanece hospitalizado en estado crítico y bajo custodia, y precisó que “se encuentra, en estos momentos, en calidad de detenido“, aunque debido a su condición médica aún no ha podido rendir declaración.

Los dictámenes periciales abarcan criminalística, química, incendios, explosivos, tránsito terrestre, seguridad industrial, mecánica, video y fotografía, en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), encargada de supervisar la operación de este tipo de compañías.

Respecto a la empresa propietaria del vehículo, identificada como Transportadora Silza, filial de Grupo Tomza, se encuentra en calidad de investigada y será citada junto con su apoderado legal y otros responsables para entrevistas amplias. La fiscal indicó que la compañía manifestó disposición para colaborar con la autoridad y apoyar a las víctimas, mientras la ASEA revisa si hubo faltas administrativas que deriven en sanciones.

La indagatoria, explicó, se sigue por homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad, este último relacionado con los vehículos dañados por la explosión. Para los afectados, la fiscalía habilitó la línea de atención ciudadana 55 5345 5000.

Víctimas y apoyos tras la explosión en el puente de la Concordia

La explosión de una pipa en el puente de la Concordia ha dejado hasta ahora ocho personas fallecidas y 94 lesionadas, de las cuales 22 se encuentran en estado crítico, seis en situación grave y 39 delicadas, mientras que 19 ya fueron dadas de alta y 67 permanecen hospitalizadas en 19 unidades médicas federales y locales. Entre las víctimas mortales se contabilizan siete hombres y una mujer, aunque todavía hay cuerpos en proceso de identificación.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que se otorgará un apoyo inicial de emergencia a las familias para cubrir traslados, alimentación y atención inmediata, mientras se levanta un censo que permita identificar a los hogares más vulnerables, en particular aquellos en los que la persona fallecida o lesionada era el principal sostén económico. Una vez concluido el censo, se entregarán apoyos diferenciados que permitan a cada familia afrontar sus necesidades específicas.

Además del respaldo económico, se brindará acompañamiento psicológico para los deudos y lesionados, asesoría y orientación jurídica en su calidad de víctimas, así como apoyo en servicios funerarios cuando sea requerido. La mandataria capitalina recalcó que el gobierno no dejará solas a las familias y que se garantizará que todas reciban la atención y los derechos que les corresponden.

Las personas afectadas están siendo atendidas en 19 hospitales de la red pública federal y local, donde médicos y enfermeras han permanecido en coordinación para dar seguimiento a cada caso. La jefa de Gobierno agradeció la solidaridad de la ciudadanía que colaboró durante la emergencia y reconoció el trabajo del personal de salud y de los equipos de rescate. Subrayó que la mayoría de las familias son de escasos recursos y reiteró que se les acompañará en todo momento con apoyo, solidaridad y justicia.

Accidentes vinculados a la empresa Tomza

Los accidentes vinculados a la empresa Tomza comenzaron a registrarse desde mayo de 2007 y, hasta septiembre de 2025, suman al menos 17 percances documentados, la mayoría en México y uno en el extranjero.

En 2025 se han registrado tres percances recientes, siendo el 4 de abril, en Tihuatlán, Veracruz, con saldo de tres lesionados; el 12 de agosto, en Mocorito, Sinaloa, con la muerte de un conductor y tres heridos; y el 11 de septiembre, en el Puente de la Concordia de la Ciudad de México, donde una pipa volcó y dejó ocho personas fallecidas.

Entre los hechos más graves se encuentran la explosión en una planta de Tuxpan en 2014, que dejó dos muertos; la sanción de 52 millones de pesos tras el estallido en Amozoc en 2013; la pipa que explotó en Mérida ese mismo año con saldo de siete lesionados; el flamazo en un restaurante de Jardines del Pedregal en 2015; la volcadura de una pipa con 12 mil litros de gas en Acapulco en 2016; el incendio de una unidad en Solidaridad, Quintana Roo, en 2024; y la multa de 13 millones de colones en Costa Rica por incumplir el mantenimiento de cilindros.