Gaby Salido
La imagen del servicio público, se basa en la opinión ciudadana ante la gestión y el trato de los funcionarios. Por eso, además de trayectoria comprobable, se necesitan cualidades cívicas, éticas o morales para ocupar un cargo público.
Actuar con diligencia, es reconocer y asumir responsabilidades en la administración pública, sin embargo, no se ha visto oportunidad de reflexión en los gobiernos de la 4T para reconocer un solo error.
Mientras Andrés Manuel y compañía, asumían el cargo en 2018, se culpó al gobierno anterior y así evadir responsabilidades.
Sobre la marcha y en los años siguientes, funcionarios de alto nivel han optado por la impunidad, antes que alguno de sus correligionarios de MORENA asuman sus responsabilidades.
Ya en el ocaso de este gobierno, ninguno de esos argumentos funciona. Ahora, con desgastada credibilidad y reputación, invocan boicot hechos atípicos y campañas mal intencionadas; todo para repartir la culpa.
En este medio editorial, se ha informado el aumento de violaciones a los derechos humanos, cometidos principalmente contra las mujeres.
Solo por dar un dato, en la primera mitad de este sexenio, las denuncias por violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, incrementaron 53% en comparación con el gobierno anterior.
A pesar de escuchar que “Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, hay muchos ejemplos para demostrar que el propio Gobierno, sus principales actores y MORENA, aplica restricciones a esa frase… para ellos mismos y personajes afines.
Lejos de esa perorata MORENISTA, el gobierno de la 4T solapa y defiende las conductas que dijo erradicar, al mantener en el poder o cerca de él, a personajes acusados por delitos sexuales.
Bajo el manto protector presidencial, están Salgado y Salmerón, y uno que otro funcionario de alto nivel de la CDMX, con el cobijo de Claudia Sheinbaum, como Néstor Vargas, ejemplo de complicidad al impedir que comparezcan ante la justicia a rendir cuentas.
Pues deberían separarse del cargo mientras son investigados, pero al seguir intocados, es evidente que tienen todo el apoyo de un gobierno cómplice que sostiene y encumbra al patriarcado, pues prefiere reubicar y señalar a las víctimas, antes de quitar condiciones de privilegio a la red de personajes acusados por delitos sexuales.
Con vana gloria y simulación en sus actos, además de ser solapados, son premiados por “la Jefa” como la llaman, dejando un rastro de impunidad en el que pagan justos por pecadores.
El INEGI reporta que el 49% de las mujeres ha sufrido violencia sexual, y a pesar de ello, el gobierno de la CDMX NO es un aliado en su lucha
Como medida en el servicio público, Sheinbaum debe establecer criterios y protocolos rígidos que eviten estas conductas, sin embargo, en autocomplacencia aduce un discurso erróneo de supuesta justicia, cuando ella no es quien la imparte.
La CDMX no puede ser llamada Ciudad de Derechos, si su gobierno fomenta la ilegalidad y aplica restricciones en la justicia, con tal de solapar y ocultar a sus funcionarios de ocasión.
