Apoyará el PRD la desaparición de poderes en Baja California, ante violación a la Constitución

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, aseguró que ese partido respaldará una eventual desaparición de poderes en Baja California, ante el intento del Congreso local por extender a cinco años el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla.
Explicó que el Consejo Nacional del PRD acordó promover amparos contra la reforma, así como interponer un juicio político contra diputadas y diputados locales que votaron a favor de esta violación legal.
Sostuvo que Bonilla pudo haber contado con la complicidad de las y los diputados de la XXII Legislatura de Baja California, pero no se permitirá que viole el orden republicano.
La legisladora federal lamentó que el presidente de la República no haya condenado esta decisión, a pesar de que tanto ha descalificado los excesos y el autoritarismo de los gobernadores en el pasado.
Adelantó que en caso de que el Congreso de Baja California no corrija su decisión de ampliar a cinco años la gestión de Jaime Bonilla, su grupo parlamentario respaldaría un eventual proceso de desaparición de poderes del estado que planteó como opción el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.
Juárez Piña precisó que la aprobación de la reforma para ampliar la gestión de Bonilla viola la fracción IV, del artículo 2 de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del artículo 76 de la fracción general de la República.
La fracción IV del artículo 2 de dicha norma reglamentaria establece que se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: “Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares”.
Añadió que en el caso del PRD, el Consejo Nacional que se realizó el sábado pasado aprobó promover amparos contra la reforma avalada por el Congreso de Baja California, así como un juicio político contra las diputadas y diputados locales que votaron a favor. De igual manera, expulsar al Regidor David del Moral y deslindarse de la diputada Rocío López Gorosave, que ganó con las siglas perredista pero se asume como sin partido, quienes respaldaron la reforma.
Juárez Piña, advirtió que la necedad del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, por ampliar a cinco años su gestión, en lugar de los dos para los que fue electo el pasado 2 de junio, coloca al estado en riesgo de la desaparición de poderes.
Recordó que en el año 2014, la XXI Legislatura del Congreso del estado de Baja California, modificó el periodo de la administración estatal que se elegiría en el periodo electoral 2018-2019 a fin de empatar los comicios estatales con los federales.
Jaime Bonilla, recordó Juárez Piña, aceptó participar como candidato a gobernador bajo esas condiciones, pero en realidad nunca estuvo de acuerdo e incluso antes de ganar interpuso un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para ampliar el periodo de gobierno, argumentando defensa de sus derechos políticos.
De hecho, días antes de las elecciones, el TEPJF falló en contra del juicio interpuesto por el ahora gobernador electo, pero este no se dio por vencido e interpuso un recurso contra la decisión del Tribunal, que está en curso.
“Bonilla no se va a salir con la suya, pudo haber contado con la complicidad de las y los diputados de la XXII Legislatura de Baja California que aprobaron esta reforma, pero no permitiremos que viole el orden republicano, la ley, los principios de la democracia, la confianza y el mandato de las y los ciudadanos que sólo lo eligieron para dos años, no más”, aseveró la legisladora federal por Jalisco.
Consideró lamentables las declaraciones del presidente de la República, quien se deslindó de la reforma impulsada por los legisladores y el gobernador electo de Morena, y no la condenó, a pesar de que tanto ha descalificado los excesos y el autoritarismo de los gobernadores en el pasado.
“Todos estamos obligados a sujetarnos a la Constitución de la República, al marco legal, al estado de derecho, al mandato que emana de las urnas y a respetar los principios de la democracia, particularmente el Jefe del Estado Mexicano y los gobernadores”, concluyó.

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