POR PATRICIA RAMÍREZ

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un decreto para permitir que funcionarios y legisladores puedan promover la revocación de mandato, al precisar el alcance del concepto de propaganda gubernamental, con lo que se busca garantizar el principio de imparcialidad.

En tribuna, el presidente de la mesa directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presentó la propuesta a la que se le dispensaron todos los trámites y fue votada en fast track e insistió en que es una facultad del Legislativo interpretar las leyes que emite y dejó en claro que no se trata de una reforma electoral.

Con 268 votos a favor de Morena y sus aliados y 213 en contra de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, fue avalada esta propuesta, que fue calificada por la oposición como albazo legislativo, que, advirtieron será impugnada en otras instancias.

La propuesta, presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna y apoyada por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, señala que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público.

“El objeto de esta iniciativa es interpretar el alcance del concepto de propaganda gubernamental en el principio de imparcialidad y en la aplicación de sanciones, contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley Federal de Revocación de Mandato”, señaló desde tribuna el morenista.

Acotó que de lo que se trata es de dejar en claro que la interpretación de la propaganda gubernamental no se extienda a las opiniones, manifestaciones o comentarios que realizan diversos servidores públicos, que en su calidad de ciudadanos tienen derecho a hacerlos.

Advirtió que ha llegado al absurdo la distorsión que han venido realizando los órganos electorales donde cada vez restringen más la manifestación de ideas, ya sea de viva voz, en redes sociales o en entrevistas.

“Lo que queremos construir es una democracia, sin restringir, sino permitiendo que la ciudadanía pueda discernir con base en lo que hablamos y en lo que se escucha en el ambiente público y en el social”, comentó.

El también morenista Hamlet García Almaguer expuso que es momento de atender las demandas ciudadanas contra los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama y felicitó a todos quienes han resistido sus embates.

Recordó que el reglamento del Congreso da prioridad a los asuntos que impliquen un mayor interés público y los que por término constitucional, legal o reglamentario requieran una discusión y votación inmediata en el pleno, como es la iniciativa que se discute, la cual coadyuva a la transformación del país.

Por su parte, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros reiteró que es necesario atender y sancionar la actuación de los consejeros del INE que han tratado de obstaculizar el proceso de revocación de mandato, y lamentó que la actuación de la oposición busque por todos los medios denostar el trabajo del Ejecutivo federal.

A su vez el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, advirtió que con esta aprobación se altera el marco legal de la revocación de mandato, en la búsqueda de seguir promoviendo de manera ilegal la revocación a un mes de realizarse.

“Es claro que la iniciativa busca eludir las sanciones que ha marcado el INE contra el presidente López Obrador y contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum”, dijo.

Advirtió que se violó el artículo 105 constitucional, que impide modificar leyes de materia electoral por lo menos 90 días antes de alguna contienda.

El diputado panista Marco Humberto Aguilar Coronado enfatizó que la modificación de una ley no puede hacerse a través de decretos de interpretación. “Hy deciden que es necesario aclarar el alcance del concepto de propaganda gubernamental contenido en las leyes. Conforme al proyecto, la pretensión es impedir que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación realice plenamente la función de impartición de la justicia que la Constitución les confiere”, dijo.

La priista Marcela Guerra Castillo indicó que la fundamentación jurídica es errónea ya que el artículo 72, inciso f) de la Constitución sí establece una facultad del Congreso de la Unión de interpretar leyes vigentes, pero no de interpretar esas leyes vigentes para cambiarlas.

“No se puede permitir que la Cámara de Diputados se transforme en una institución que vulnere el marco constitucional. La dignidad del cargo del legislador nos obliga a actuar con responsabilidad para no vulnerar el Estado de derecho”, agregó.