PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cortesía Cámara de Diputados

El pleno de la Cámara de Diputados avaló las reformas constitucionales para suspender los derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público a personas agresoras con sentencia firme, así como aquellas deudoras de pensión alimenticia, conocida coloquialmente como tres de tres.

En la segunda sesión de la Cámara de Diputados de este jueves, los legisladores avalaron por 455 votos y 25 abstenciones del Partido del Trabajo la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta impulsada por mujeres de todos los partidos políticos señala que aquellas personas que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, de Morena, destacó que con la aprobación de esta reforma se impedirá que quienes hayan ejercido violencia en razón de género accedan a cargos de elección popular o se desempeñen como servidores públicos.

“Vamos a terminar con lo que tanto nos ha lastimado: la revictimización de las mujeres, realizada por los agresores dotados de poder”, dijo desde la tribuna.
“Ahora quien aspire a un cargo de elección popular o cualquier otro del servicio público deberá declarar bajo protesta de decir verdad que no cuenta con condena o sanción ya sea por violencia familiar o doméstica o cualquier tipo de agresión de género”, apuntó.

La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega refirió al contexto de las mujeres indígenas, donde la aprobación de esta ley también las protegerá, pues advirtió, la violencia está manifiesta en todos los niveles y evidentemente también acontece en las zonas más apartadas.