El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal local para sancionar con mayor severidad el delito de extorsión, ante la proliferación de esta práctica ilegal en diversas modalidades.

LEE ADEMÁS: Imágenes y mensajes para felicitar a las Lupitas por WhatsApp

El dictamen avalado por unanimidad de los 59 diputados presentes, conjunta las iniciativas sobre el tema de la jefe de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, la diputada Tania Larios y la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y busca frenar delitos como los de los montachoques, préstamos gota a gota, intimidación telefónica y secuestro exprés.
Se consideran como parte de este delito de extorsión la cobranza ilegítima, el cobro de piso y los fraudes tecnológicos y se sanciona tanto la comisión de la extorsión como el propio intento, aunque no llegue a concretarse y se convierte en delito que se persigue de oficio, sin requerir la denuncia de la víctima y sin posibilidad de fianza.

La sanción para quien cometa este ilícito va de 10 a 15 años de prisión y una multa de entre 217 mil 140 y 325 mil 710 pesos de acuerdo.
El documento avalado establece que el delito de extorsión, además de afectar los bienes materiales de las personas, también implican un atentado directo a su tranquilidad, al colocarlas en un estado de desequilibrio físico y psicológico, que no termina al momento de satisfacer las demandas de quien perpetra el delito.

Por ello, este delito se castigará con hasta 15 años de prisión, y tendrá 15 agravantes, por lo que la pena se aumentará en una mitad, como que se realice por servidor o exservidor público de cualquier nivel de gobierno, se realice por un miembro o exmiembro de una empresa de seguridad privada y se realice con la presencia física del sujeto activo, o por una interpósita persona.

Además, que se cometa utilizando como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica; se cometa empleando imágenes, mensajes escritos, audios o videos de contenido sexual íntimo, sean reales o editadas; y se realice por persona que se ostente como integrante o miembro de un grupo u organización delictivo, aun cuando no lo sea.

También, se realice desde el interior de cualquier centro penitenciario o de reinserción social; se realice en contra de personas dedicadas al comercio; se realice en contra de personas dedicadas al transporte de personas o mercancías; se realice en contra de personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años o se realice haciendo uso de personas menores de dieciocho años.

Otras agravantes son que quien lo realiza obtiene el beneficio pretendido por la extorsión; se realice ocasionando daños en las instalaciones de comercios, negocios o bienes en propiedad o posesión de la víctima; se realice con la intervención de una o más personas armadas o portando instrumentos que pongan en peligro la integridad física o la vida de la víctima, o que tengan la apariencia de arma de fuego; y se realice para obtener el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito.

El diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, aseguró que con esta reforma legal contribuye a dotar a las autoridades judiciales de herramientas para consolidar una política criminal más efectiva y protectora de los derechos humanos de la ciudadanía.

En el dictamen avalado se indica que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 realizada por el Inegi, la alcaldía Cuauhtémoc es uno de los 50 territorios más afectados por la extorsión, registrando sólo entre 2022 y 2023, un aumento del 250 por ciento.
Mientras que Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón son en las que se presenta, en mayor porcentaje, el delito de cobro de piso, lo que genera pérdidas económicas del 20 por ciento a los pequeños comerciantes.

La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya indicó que este dictamen es un paso para garantizar el acceso a la justicia de las familias que han sido víctimas del llamado cobro de piso y extorsión, prácticas que afectan la integridad, seguridad y tranquilidad de la sociedad. Aseguró que mediante la incorporación de este tipo penal se optimizan los mecanismos de prevención, investigación y sanción.

La diputada Elizabeth Mateos Hernández informó que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7 de cada 10 víctimas de extorsión no denuncian, lo que muestra la vulnerabilidad que enfrentan las personas y la importancia de tomar acción ante este delito.