El Congreso de la Ciudad de México se erigió en parte del Constituyente Permanente para aprobar dos minutas de reformas constitucionales en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, como facultad del Senado, o en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y la reforma al artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión.

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En dos sesiones especiales, los diputados locales dieron trámite a las minutas enviadas por el Senado de la República, con lo que empieza el recorrido por las legislaturas de los estados.

Tras una breve discusión, la minuta fue avalada por 46 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones. La diputada panista Olivia Garza de los Santos aseguró que “nos quieren hacer creer que se busca fortalecer la Guardia Nacional, pero en el fondo, existen compromisos que no responden al interés de la ciudadanía”, y agregó que esta modificación normativa es un paso más para la militarización de las instituciones.

Al señalar que el propósito de esta reforma es establecer que el Senado tendrá la facultad de ratificar los mandos de la GN, como un ejercicio republicano, el diputado Paulo Emilio García González resaltó que el modelo de seguridad del actual gobierno tiene dos ejes: atender las causas de la violencia y enfrentar con inteligencia a la delincuencia.

La legisladora Luisa Fernanda Ledesma Alpízar argumentó que es necesario continuar con el debate sobre el modelo de seguridad y debe avanzarse hacia una seguridad pública menos militarizada, fortalecer a las policías municipales con capacitación, equipamiento, supervisión y recursos. Asimismo, aseguró que se da un paso importante, pero no es suficiente, porque “la paz no se impone, se construye con justicia, con instituciones sólidas”.

En su turno, el diputado Alberto Martínez Urincho reconoció la creación de la Guardia Nacional como institución adscrita a un adiestramiento militar, pero con tareas civiles para la seguridad pública del país, en beneficio de la ciudadanía.

La minuta sobre extorsión fue aprobada por unanimidad y en ese marco la diputada priista Tania Larios Pérez consideró que es necesario que se apoye a las y los policías mediante la reforma Constitucional del artículo 123 en materia de salario mínimo profesional. Aseveró que estos delitos son una herramienta de control del crimen organizado que mantiene la impunidad, por lo que su bancada ya ha presentado diversos proyectos para atender esta problemática, que va en aumento.

La diputada del PVEM, Rebeca Peralta León, señaló que esta reforma responde a una realidad alarmante, ya que los principales afectados por las extorsiones son los comerciantes.

La panista Lizzette Salgado Viramontes dijo que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública señala que el 71.1 por ciento de los casos no denunciados, en parte por causas atribuibles a la autoridad, entre estas, la extorsión.

Al recordar que este proyecto contó con un amplio respaldo de las fuerzas políticas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la diputada Martha Ávila explicó que con esta reforma se homologa la ley y se cubren vacíos legales en las entidades federativas, y se establecen las bases para la coordinación de los tres niveles de gobierno en un modelo nacional para prevenir, investigar y sancionar estas conductas, y poner en el centro la protección de la sociedad y las víctimas.