Aprueba Congreso de la Ciudad de México la Ley Olympia, para sancionar la violencia digital

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas legales conocidas como Ley Olympia, que sancionan la violencia digital contra mujeres. Por unanimidad, los legisladores locales dieron luz verde al dictamen por el que reforma el Código Penal para el Distrito Federal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México.

Con esta reforma legal se garantiza el derecho a la intimidad personal, intimidad sexual, al ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales en la Ciudad de México y se protege la integridad de las mujeres.

“Que quede claro, nuestro mensaje es: Ni un acto de violencia más en la Ciudad de México hacia las mujeres”, expresó el diputado Eduardo Santillán al hablar durante la presentación del dictamen.

Por unanimidad el pleno del Congreso capitalino aprobó por unanimidad de 56 votos un dictamen para reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, presentado por las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Igualdad de Género, a fin de sancionar con severidad la violencia digital en contra de las mujeres.

“El derecho fundamental que se está garantizando es el derecho a la intimidad personal, a la intimidad sexual, al ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales en la Ciudad de México. Se está protegiendo de manera importante la integridad de las mujeres. Por eso es que el espíritu de esta legislación es que exista una sanción contundente, ejemplar, para quien genera un daño grave a la reputación, al buen nombre, al prestigio de una persona. La vida íntima debe de salvaguardarse en la Ciudad de México”, afirmó el diputado Eduardo Santillán Pérez.

El también presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia puntualizó que se dictaminaron 12 iniciativas sobre este tema, además de que se realizaron múltiples reuniones con diversas organizaciones de mujeres para escuchar e incorporar sus aportaciones, por lo que ésta es la legislación más avanzada en la materia en el país.

Detalló que se estableció en el artículo 179-Bis del Código Penal que se impondrán de cuatro a seis años de prisión y de 500 a mil unidades de medida “a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos contacte a una persona menor de 18 años de edad, a quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, a persona que no tenga capacidad de resistirlo y le requiera o comparta imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual, lo que se conoce con el concepto de grooming”.

Se modificó también el artículo 181, al que se agregó un apartado quintus, para sancionar el delito contra la intimidad sexual. “Quien videograbe, audiograbe, fotografie, filme o elabore imágenes, audios o videos, reales o simulados, de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño, a quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 4 a 6 años de prisión y multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización”.

Santillán explicó que las penas se agravarán en una mitad cuando la víctima sea familiar hasta el tercer grado, cuando exista o haya existido con la víctima una relación de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación sentimental o de confianza, educativa o laboral.

“Cuando aprovechando su condición de persona responsable o encargada de algún establecimiento de servicio público realice alguna de las conductas establecidas en el presente artículo, sea cometida por alguna persona servidora pública o integrante de las instituciones de seguridad ciudadana en ejercicio de sus funciones, se cometa en contra de personas adultas mayores, con discapacidad, en situación de calle, afromexicanas o de identidad indígena, este delito se perseguirá de querella”, indicó.

El legislador expuso que en el artículo 209 se sancionan las amenazas de difundir este tipo de imágenes. “La pena se agravará al triple cuando la amenaza consista en difundir, exponer, distribuir, publicar, compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, ofertar, comerciar o transmitir mediante materiales impresos, correo electrónico, mensaje telefónico, redes sociales o cualquier medio tecnológico, imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento u obtenido mediante engaño”.

En lo que respecta a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se estableció el concepto de violencia digital. “Es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, correo electrónico o cualquier medio tecnológico por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmite, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además del daño moral tanto a ellas como a sus familias”.

El diputado panista Federico Döring Casar, recordó que éste es un tema por el que las mujeres han luchado por muchos años, y que ya se legisló en entidades como Yucatán y Puebla, mientras que el Congreso capitalino tardó casi un año en aprobarlo, ya que desde el 18 diciembre de 2018 se presentaron las primeras iniciativas para combatir la violencia digital o la llamada porno venganza.

El diputado José Luis Rodríguez Díaz de León reconoció las aportaciones de las diversas organizaciones feministas en este proceso, que impulsaron la conocida como Ley Olimpia, para sancionar la violencia digital y contribuyeron a fortalecer el dictamen “que dieron la pauta para tener una normativa mucho mejor que cualquier otra en el país”.

Por su parte, la diputada Jannete Guerrero Maya, del PT, explicó que el compartir imágenes y actividades sexuales con la pareja, práctica conocida como sexting, es parte de la sexualidad plena y libre de las personas, pero el compartirlas sin consentimiento es una traición a la confianza, una violación de la privacidad y un delito que debe sancionarse por ir en contra de la intimidad personal.

TODAVÍA NOS DEBEN MUCHO

A su vez, la activista Olimpia Coral Melo, quien da nombre a esta nueva ley, aseguró que el gobierno todavía les debe mucho a las mujeres, pero reconoció el apoyo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a esta iniciativa.

Dijo que cuando ella difundió, en 2014, su caso, luego de que una persona distribuyó material sexual suyo, recibió el apoyo de su madre y de organizaciones, que permitieron cristalizar estos cambios a la ley.