POR EDUARDO VIZCARRA.

En la sesión de este martes el Poder Legislativo Local aprobó el acuerdo que establece las reglas para dar cumplimiento a las atribuciones que en materia de declaración de procedencia le corresponden al Congreso local, de conformidad con la Constitución General de la República, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.

Efectivamente, el artículo 44, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades del Estado de Tamaulipas establece expresamente que una vez recibida la declaración de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados en la que determine que ha lugar a proceder contra el Gobernador, los diputados locales, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del Estado de Tamaulipas procederá a resolver si procede la homologación de dichas declaratorias y, en su caso, poner a disposición al servidor público respectivo ante los órganos ministeriales o judiciales competentes.

El citado artículo 44 que prevé el proceso de homologación se encuentra vigente desde 1984 y es consistente con el espíritu y letra de la Constitución General de la República. Sin embargo, no había sido regulado por el Congreso local hasta esta fecha.

La Diputada Karla María Mar Loredo señaló que la Comisión Instructora someterá a consideración del Pleno Legislativo la homologación o no de la declaratoria de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados, siempre y cuando se hubiere acreditado la posible comisión de un delito federal y la probable responsabilidad del servidor público imputado.

En ese supuesto, el servidor público quedará separado del cargo y a disposición de las autoridades competentes. En caso contrario, continuará en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de que pueda ser imputado una vez que pierda la inmunidad procesal como resultado de la terminación del cargo.

Además, Mar Loredo precisó que el acuerdo aprobado el día de hoy brinda certeza jurídica al supuesto en que el servidor público quede separado de su encargo, toda vez que se establece que el Congreso del Estado se abocará de inmediato a la designación de quien deba sustituirlo en los términos de la normatividad aplicable.

Con esta decisión, el Congreso del Estado de Tamaulipas cumple a cabalidad las disposiciones en materia de desafuero, con el propósito que no exista espacio de incertidumbre que pueda afectar el normal y correcto desarrollo de los poderes públicos del Estado.

Por su parte el diputado Arturo Soto Alemán, presidente de la comisión de finanzas, planeación, presupuesto y deuda pública del Congreso Local, dijo que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que hoy se presentó para que sea sometido a consideración de este pleno legislativo no es un tema nuevo en el ámbito legislativo.

“No estamos descubriendo el hilo negro” refirió el legislador panista.