El Congreso de la Ciudad de México aprobó modificar los plazos de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, a propuesta del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial local, Rafael Guerra Álvarez.

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Originalmente, este Código estaba programado para entrar en vigor de manera escalonada a partir del 1 de diciembre de 2024. El calendario original marcaba que en esa fecha se comenzarían a aplicar procedimientos como el juicio especial hipotecario oral y el juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral. Este 1 de junio de 2025, se permitiría la promoción de jurisdicción voluntaria, providencias precautorias y juicios ejecutivos civiles orales. Finalmente, el 15 de noviembre de 2025, se habilitarían controversias en la vía ordinaria civil oral y otros procedimientos.

Ahora, con esta reforma legal se pospone la implementación hasta 2026 de todos los casos, para garantizar que existan las condiciones necesarias para su correcta aplicación.

Los diputados locales explicaron que con esto se busca garantizar que existan las condiciones institucionales, materiales, tecnológicas y humanas necesarias para su correcta aplicación.

Ahora, con los nuevos plazos, a partir del 1 de junio de 2026, se podrán promover procedimientos como jurisdicción voluntaria, providencias precautorias y juicios ejecutivos civiles orales. Luego, desde el 15 de noviembre de 2026, se permitirá la promoción de controversias en la vía ordinaria civil oral y otros procedimientos. Este cambio busca asegurar una transición efectiva hacia el nuevo sistema de justicia civil y familiar en la capital.

El diputado Pedro Haces Lago precisó que era necesario un código del siglo XXI con un capítulo de justicia digital, ya que es prioritario contar con condiciones institucionales, materiales, tecnológicas y humanas para implementarlo.

“Este código representa un enorme reto para el Estado mexicano, porque una reforma no transforma por decreto, se transforma con capacidad operativa, infraestructura, capacitación judicial, voluntad política y tiempo suficiente para hacer bien las cosas”, señaló.