Aprueba Congreso solicitar integración de comisión de investigación del Cártel Inmobiliario

10, agosto 2022

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Archivo

Con los votos de Morena y sus aliados, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó solicitar a la Junta de Coordinación Política integrar una comisión que dé seguimiento a los presuntos actos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez desde el año 2009 a la fecha.

Entre acusaciones de los panistas de que la justicia es selectiva en la Ciudad de México, el exhorto se aprobó por 12 votos a favor y 6 abstenciones solicitar la integración de esta instancia legislativa.

La vocera de la bancada de Morena, la diputada Nancy Núñez, señaló que se ha difundido que ya hay exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez detenidos por actos de corrupción en la adjudicación de obras inmobiliarias en esa demarcación, e incluso uno ya declaró culpable, buscando un acuerdo con las autoridades judiciales.

Señaló que desde hace muchos años hay denuncias de los vecinos e incluso algunas de estas edificaciones han resultado mortales, pues un edificio se desplomó durante los sismos de 2019 y otro ha sufrido explosiones por defectos en sus instalaciones.

En contraposición, el diputado panista Federico Doring, aseguró que su partido está a favor de la creación de todas las comisiones de investigación, incluyendo la de la Línea 12 del Metro, aunque su bancada votó en abstención.

El diputado perredista Jorge Gaviño dijo por su lado que votó a favor porque no se puede estar en contra de que se investigue algún presunto delito.

Sin embargo, advirtió que no hay ningún cartel inmobiliario, desde el punto de vista jurídico, y por ello un juez penal demandó no utilizar este término.

En tanto, el diputado Carlos Cervantes Godoy aseguró que en Benito Juárez todavía impera la práctica de pedir “moches” para obtener licencias de construcción, sobre todo en edificios de 8, 10 o más niveles.

Acotó que vecinos y activistas han denunciado que estas obras irregulares reportan ganancias de hasta 240 millones de pesos mensuales e incluso este modus operandi ya fue exportado al sur de la Ciudad de México, donde se alientan estás construcciones que además desplazan a los habitantes originales de esas zonas.