Aprueba la Cámara de Diputados la procedencia de la Consulta Popular

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la procedencia de la petición de Consulta Popular para juzgar a actores políticos del pasado, por lo que el documento fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación y se pidió notificar al Instituto Nacional Electoral.

Entre protestas de legisladores de oposición, Morena y sus aliados avalaron sin cambios la minuta del Senado en la que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular, presentada por el presidente de la República, y se expide la convocatoria para este proceso que se realizará el domingo 1 de agosto de 2021.

Con 272 votos a favor y 116 en contra, se determinó que este ejercicio cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.

Por ello, se considera procedente convocar a las y los ciudadanos a Consulta Popular para que se manifiesten sobre la siguiente pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Se determina que la difusión de la consulta será en los tiempos y en la forma que determine la metodología aprobada por el Instituto Nacional Electoral, observando en todo momento lo dispuesto por el artículo 35 fracción VIII, apartado 4 de la Constitución Política y la sección tercera de la Ley Federal de Consulta Popular.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), señaló que es de la mayor trascendencia para la vida democrática, porque por primera vez el Congreso de la Unión determina procedente y trascendente una petición de Consulta Popular.

“No se trata de un dictamen tradicional, en el sentido de que no deviene de una iniciativa ni promueve el perfeccionamiento de nuestro orden jurídico, sino que se enmarca en el proceso de aprobación de la Consulta Popular solicitada el 15 de septiembre de 2020 por el presidente de la República”, añadió.

Indicó que es un proyecto encaminado a que la ciudadanía exprese su opinión respecto de un tema de la mayor trascendencia: las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados.

En contraposición, la diputada panista Adriana Dávila, quien subió a tribuna acompañada de diputados con máscaras con la cara de Andrés Manuel López Obrador, señaló que la intención del Ejecutivo con esta consulta es tener el control electoral del país en el 2021. Además, calificó el actual gobierno como el más antidemocrático de la historia moderna del país.

El diputado priista Eduardo Zarzosa Sánchez señaló que su bancada está en contra de que el Presidente de la República y su partido, pretendan usar la Consulta Popular con fines político-electorales y no realmente como un mecanismo legal de participación ciudadana.

“Pretenden interferir en el proceso electoral del próximo año con esta nueva ocurrencia y engañar a la gente, que es inteligente y ya no se traga sus cuentos y artimañas”, aseveró.

El panista José Luis Preciado sentenció que sentenció que la pregunta de la Consulta Popular, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), involucra a todos los actores políticos de 2020 para atrás, y ello va para funcionarios de pasadas administraciones que ahora forman parte del actual gobierno.