Aprueba Senado Ley Nacional de Extinción de Dominio

El Senado aprobó en lo general y en lo particular la expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, a fin de desarticular la estructura financiera del crimen organizado y de servidores públicos corruptos.

Con 109 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el pleno senatorial determinó que la extinción de dominio será imprescriptible, en caso de que los bienes sean de origen ilícito.

Para el caso de bienes de destinación ilícita la prescripción será de 20 años, contados a partir de que el bien se haya destinado a realizar hechos ilícitos.

La norma es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución, establece que no se creará, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

En cambio, se constituye el Instituto de Administración de Bienes y Activos que regulará su administración y destino.

La ley aplicará para los delitos de delincuencia organizada, secuestro, en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, contra salud, trata de personas, por hechos de corrupción, encubrimiento, cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.

El Ministerio Público contará con 10 años para solicitar la extinción de dominio que se entenderá como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes, sin contraprestación ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente como tal.

La extinción de dominio será un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular, bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos.

Los bienes objeto de extinción de dominio podrán disponerse o venderse por compraventa, permuta o cualesquiera otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad a través de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa. Incluida, la donación.

Los recaudado por venta de bienes se destinará a reparación del daño de víctimas, al Plan Nacional de Desarrollo y a políticas públicas prioritarias conforme lo determine el gabinete social de la Presidencia de la República.

En cuanto a los remanentes de los bienes, se depositarán en una Cuenta Especial, manejada por la autoridad administradora. Estos recursos no serán utilizados para gasto corriente o pago de salarios.

Para la extinción de dominio no habrá secreto bancario, ni se impedirá el acceso a datos bursátiles o tributarios.

Se constituye un fondo de 10 por ciento de las ventas de los bienes, para resarcir los daños a las personas que resulten inocentes al final del proceso judicial, en caso de que el bien haya sido donado, destruido o que exista una condición que imposibilite su devolución, se pagará el valor del bien al momento del aseguramiento.

Habrá recompensas del 5 por ciento del total que obtenga el Estado por la venta del o los inmuebles incautados a los ciudadanos que aporten evidencias a la investigación.

En su oportunidad, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, afirmó que ahora sí con esta figura se podrán confiscar bienes del pasado al ser retroactiva.

“Que ya es o será una realidad ir por la Casa Blanca de Grupo Higa o cuanta propiedad, bien mueble, inmueble, cuenta bancaria haya hacia el pasado, esta figura si va a aplicar de manera retroactiva sobre actos de corrupción del pasado”, destacó.

Damián Zepeda, del PAN, resaltó que con esta ley se le pegará a la delincuencia, donde más le duele: en su dinero.

“La extinción de dominio lo que busca es pegarle en el bolsillo financiero a la estructura del crimen, ha funcionado en otros países del mundo, particularmente Colombia, algunos países europeos y, es la manera de pegarle al crimen organizado en donde más le duele: el dinero, así podemos ir tras los 50 mil millones de dólares que se estima que tiene de valor el crimen organizado al año”.

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