Aprueban cárcel por impartir terapia de reconversión sexual

El Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones al Código Penal capitalino, para sancionar con cárcel y horas de trabajo comunitario a quienes impongan las llamadas terapias de conversión sexual.

Durante el segundo periodo extraordinario de sesiones de este órgano legislativo, esta reforma fue avalada con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, con lo que ya estarán penados los tratamientos, contratos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas.

Así, se estableció sanción de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario para aquel que obligue o practique sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos con la aplicación de violencia física, moral psicoemocional, con tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra la dignidad humana con el fin de menoscabar la orientación sexual, identidad y orientación de género.

Al presentar el dictamen de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, el diputado Eduardo Santillán señaló que con esta modificación legal no se criminaliza el acompañamiento que se hace respetando la voluntad de la persona, y explica de manera precisa que ninguna preferencia u orientación sexual puede tener un tratamiento como enfermedad.

Agregó que se salvaguarda el derecho al libre desarrollo de la personalidad, también salvaguarda la práctica médica profesional y el acompañamiento espiritual y religioso, respetando la voluntad de la persona.

Hace una definición de las terapias de conversión como aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto: modificar, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona.

Cualquiera de estas terapias de conversión, indica el dictamen, que utilicen métodos violentos de manera física, moral, o psicoemocional con tratos crueles y denigrantes en contra de la dignidad humana se establece una sanción de prisión de dos a cinco años. Este delito se perseguirá por querella (denuncia presentada ante un juez). También se hace una protección importante adicional hacia las personas menores de edad, pues ese delito se perseguirá por denuncia.

El diputado Temístocles Villanueva, impulsor de la propuesta, reconoció que este dictamen representa una victoria para la lucha de la comunidad LGBTTTI.

“Hoy buscamos la penalización de las terapias de conversión, pues no hay nada qué curar. Llevamos más de 30 años defendiendo que no estamos enfermos, respaldados además por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, dijo.

Insistió en que estas terapias atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, del derecho que tienen a elegir de forma libre y autónoma, sin coacción, ni controles, ni religiosos, ni moralistas.

En contraposición, la diputada panista Gabriela Salido Magos consideró que este dictamen no fue suficientemente discutido y requería un mayor análisis, “pues mantienen una bandera ideológica, además no garantiza el derecho al libre desarrollo”.

La también panista, América Rangel Lorenzana, cuestionó que se pretenda aleccionar a los niños, niñas y adolescentes bajo una ideología, no obstante, dijo que está en contra de toda forma de violencia “estamos a favor de que se respete la voluntad y decisión de cada persona”.

El coordinador de los diputados del PAN preció que no hay intención de llevar a la cárcel a quienes practican las terapias, el sentido del dictamen lo entiendo como una expresión de reprobación social de una práctica que es discriminatoria.

Ayer mismo, fue aprobada también la reforma para adicionar el artículo transitorio vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana local y el artículo transitorio décimo noveno al decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, para que el Presupuesto Participativo de este año se ejerza al mismo tiempo que la de 2021.

Durante la sesión extraordinaria virtual, se avaló finalmente el dictamen para sancionar la violencia política de género, aunque esta ya no se aplicará para las próximas elecciones locales, debido a que ya se pasaron los tiempos legales en este sentido.