En el marco del programa de digitalización emprendida por el gobierno federal, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma legal para dar certeza jurídica a la firma electrónica, para implementar este mecanismo en todos los trámites al interior de este órgano legislativo con lo que se logrará, dijo, un sistema moderno, eficiente y seguro en la gestión de trámites.

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La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso local aprobó la iniciativa para adicionar una fracción al artículo 4 de la Ley Orgánica, así como el artículo 2 del Reglamento, ambos ordenamientos de este órgano legislativo, para dar certeza a este elemento de identificación.

El dictamen, que fue remitido al pleno para su discusión, fue propuesto por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, quien planteó que implementar la firma digital en los trámites administrativos permite optimizar tiempos, reducir costos, garantizar la seguridad y autenticidad de los documentos, para brindar un servicio más eficiente y confiable a las instituciones y a los usuarios.

Precisó que, con la creciente digitalización de los servicios públicos y privados, existe la necesidad de implementar este mecanismo en todas las instituciones, pues es crucial para asegurar un sistema moderno, eficiente y seguro en la gestión de trámites.

En su intervención, el diputado Macedo Escartín afirmó que la firma digital electrónica va más allá de una innovación tecnológica y representa un paso firme hacia una modernización del poder legislativo, un acto de coherencia con los tiempos que vivimos, y sobre todo una muestra de responsabilidad institucional.

Explicó que las principales problemáticas asociadas a la falta de la implementación de la firma electrónica se relacionan con la ineficiencia y vulnerabilidad en la gestión de documentos administrativos. “Pese a lo anterior, en la actualidad muchos trámites administrativos en instituciones públicas y privadas requieren la firma manuscrita de documentos para validar autorizaciones o, en el caso de este Congreso, acuerdos, instrumentos legislativos, actos administrativos y/o de autoridad”, indica.

A su vez el presidente de la Comisión, Víctor Hugo Lobo Rodríguez expresó que el proceso tradicional presenta problemas como la lentitud en la gestión, alto costo operativo, riesgo de falsificación o fraude, ya que al depender de documentos físicos, es difícil llevar el estado de cada trámite, lo cual provoca pérdidas de documentos, demoras en la respuesta y dificultades en el seguimiento adecuado de solicitudes.

Al presentar una reserva, el diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) propuso precisar claramente la definición de la firma digital electrónica.