Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana, de la Ley de Economía Social y Solidaria y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

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Con esta modificación legal, tras la desaparición de Compranet se crea la Tienda Digital del gobierno federal y se da paso a las compras consolidadas y las llamadas compras verdes.

Durante la discusión del dictamen, la oposición acusó que se da más discrecionalidad al gobierno federal para comprar de manera opaca y advirtieron que no hay candados de seguridad para garantizar la transferencia de información de Compranet a los nuevos sistemas.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, señaló que se establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y representa un avance sustancial hacia la eficiencia administrativa y la correcta aplicación del gasto público.

Se plantea, dijo, una profunda actualización y modernización del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, alineándolo con estándares internacionales, recomendaciones de organismos públicos y las mejores prácticas globales en materia de adquisiciones gubernamentales.

La nueva ley adopta ampliamente las buenas prácticas que enuncia y recomiendan organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, e implica la adopción de metodologías avanzadas y mecanismos claros para la selección de proveedores y la gestión de contratos.
Agregó que incorpora la Tienda Digital del Gobierno Federal, que es un novedoso instrumento que permitirá procesos expeditos y ágiles para la adquisición de bienes y servicios recurrentes. Esa medida, fortalece la eficiencia en las adquisiciones de bienes menores, mitigando la carga burocrática que a menudo las acompaña.

Además, fortalece las denominadas compras consolidadas, pues la formalización de esta práctica asegura que el Estado mexicano obtenga las mejores condiciones económicas posibles en las adquisiciones, salvaguardando los recursos públicos mediante procedimientos claramente establecidos y regulados.
Mientras que, en casos de urgencia y necesidad imperiosa, la figura excepcional de la adjudicación directa con estrategia de negociación, permitirá actuar de forma inmediata, minimizando riesgos legales y operativos ante circunstancias imprevistas.