Diputados locales aprobaron en comisiones que las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los deudores alimentarios, puedan ser embargadas, a fin de evitar las estrategias para simular insolvencia y dejar a los hijos menores en indefensión.

LEE ADEMÁS: Liguilla Liga MX: Fechas y horarios oficiales de los cuartos de final del Clausura 2026

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social aprobó el dictamen que modificaría las leyes de los Sistemas para el Ahorro para el Retiro (SAR) y la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que establece que para que proceda el embargo deberá existir una resolución judicial positiva a favor del menor de edad y se realizaría de manera excepcional, parcial y proporcional.

La propuesta de la diputada Ana Luisa Buendía García, que será remitida al pleno en los próximos días, y de prosperar deberá ser enviada al Congreso de la Unión para su análisis y aprobación.

La iniciativa detalla que los jueces podrán actuar a nombre de los menores para que, ante la simulación de insolvencia, ordenen el embargo parcial y proporcional de las subcuentas de retiro, pudiendo ejercer el retiro por desempleo y entregar esos recursos directamente para la manutención de las hijas e hijos.

La diputada Buendía explicó que con esta reforma se materializa la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que el interés superior de la niñez está por encima de cualquier secreto bancario o protección financiera, y que es inconstitucional que un padre acumule riqueza para su vejez mientras sus hijos carecen de lo indispensable.

La legisladora de Morena apuntó que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares y la CNDH señalan que tres de cada cuatro hijos de padres separados en México no reciben pensión alimenticia.

La falta de cumplimiento es tan grave que el 67.5 por ciento de los hogares sostenidos por madres solteras no percibe pensión alimenticia, y que la violencia económica afecta a casi dos de cada diez mujeres en México, el 19.1 por ciento, que han sido controladas, chantajeadas o han sufrido incumplimiento de responsabilidades financieras.

Durante la sesión, el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, presidente de la comisión dictaminadora, explicó que la propuesta busca armonizar la protección del ahorro para el retiro con el interés superior de la niñez, la justicia alimentaria y la perspectiva de género.

Recordó que la Corte establece que el régimen de inembargabilidad no puede usarse para evadir obligaciones alimentarias, especialmente cuando el deudor carece de salario u otros bienes embargables o simula no tenerlos.

La iniciativa precisa que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y otras restricciones administrativas no son suficientes para inhibir el incumplimiento, ya que es común que los deudores recurran a estrategias como renunciar a su empleo formal e invocar la inembargabilidad de sus recursos de retiro.

También señala que el incumplimiento alimentario provoca una espiral de precarización que afecta la autonomía y calidad de vida de madres e infancias.

En la misma sesión virtual, se aprobó además un dictamen en sentido negativo que proponía solicitar al Congreso Federal una convocatoria a periodo extraordinario para discutir la reducción de la jornada laboral.