POR PATRICIA RAMÍREZ

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó garantizar que a las mujeres víctimas de violencia sexual se les realicen estudios de detección de enfermedades de transmisión sexual y ampliar la definición de violencia digital al incluir el término “sextorsión”.

Las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señalan que a las víctimas de estas agresiones se les realicen estudios clínicos que corroboren o descarten alguna enfermedad de transmisión sexual y, en caso de presentarla, se le brinde el tratamiento adecuado.

La presidenta de la Comisión, Julieta Vences Valencia, explicó que la violencia sexual está asociada con el riesgo de contraer alguna enfermedad, por lo que es importante hacer estudios a la víctima para corroborar o descartar infecciones, a fin de informarle de forma inmediata y dar el tratamiento.

Apuntó que el dictamen establece claramente que la realización de los estudios será bajo el consentimiento de la víctima.

Al respecto, la diputada de Morena, María Clemente García Moreno, consideró que esto tiene que ver con los derechos reproductivos de las mujeres víctimas de agresión sexual. “Este tipo de medidas salvaguardan la seguridad e integridad de muchas personas, incluidas las de la comunidad de la diversidad sexual, quienes sufren violaciones de conversión”.

El segundo dictamen, tiene como objeto ampliar el concepto de violencia digital, a la acción dolosa de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a una mujer de exhibir contenidos sexuales sin consentimiento previo.

Dijo que con esta reforma se evitará que las mujeres sean víctimas de que difundan, exhiban o comercialicen imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su autorización con el objetivo de tener un beneficio.

La Organización de las Naciones Unidas define como “sextorsión” a la actividad que supone el chantaje por parte de un ciberdelincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una cantidad de dinero bajo la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas que tiene de la afectada.

Asimismo, la presidenta de la Comisión sostuvo que la iniciativa ayudará a que haya un marco normativo que dé mayor protección a las mujeres ante delitos cibernéticos que se dan con el uso de las tecnologías. “Vamos a seguir trabajando para poderles dar una mayor protección legislativa a todas las mujeres y niñas del país”, abundó.

En este sentido, el diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, promovente del dictamen, expresó que se busca fortalecer los derechos de las mujeres para que el delito de “sextorsión” pueda ser tipificado.

María Clemente García Moreno, legisladora de Morena, se pronunció a favor del dictamen, porque permitirá que las mujeres se sientan seguras al evitar que sean víctimas de extorsiones para que no se publique o comparta un video o imagen que le perjudique.

En la reunión, integrantes de la organización feminista Equis Justicia para las Mujeres, presentaron a la Comisión diversas propuestas de modificación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de mejorar el marco normativo de los centros de justicia para las mujeres y las órdenes de protección.

Respecto de los centros de justicia, expresaron que hay 48 operando en 31 entidades federativas, pero sin presupuesto para ellos. Plantearon la asignación de recursos vía el Presupuesto de Egresos de la Federación e incorporar el enfoque de discapacidad.

Sugirieron que las órdenes de protección contengan un estándar idóneo, conforme a las necesidades particulares de las mujeres y niñas, además de desvincularlas del ámbito penal, civil o familiar, y tengan un enfoque interseccional e intercultural, toda vez que siete de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género, y 3 de cada 10 fueron asesinadas en sus hogares.