Con cambios importantes al dictamen original, los senadores aprobaron en comisiones unidas la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que elimina el polémico artículo 109, que permitía suspender temporalmente plataformas digitales por razones de interés público y se crea además la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como contrapeso técnico y autónomo, aunque la designación de los integrantes de esta instancia serán propuestos por la presidencia y ratificados por el Senado.

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No obstante que la oposición reconoció que se hicieron modificaciones positivas a la propuesta original, alertó que se “escondieron” mecanismos de censura y vigilancia muy preocupantes.

El senador Ricardo Anaya explicó que el registro nacional de telefonía móvil se revivió a través de un artículo transitorio, a lo que se suma que se permite la geolocalización en tiempo real de cualquier persona. “No lo eliminaron, solo lo escondieron con otra redacción. No quieren ceder la vena autoritaria“, sentenció.

Asimismo, advirtió que la posibilidad de censura prevalece, pues bajo el argumento del derecho de las audiencias se podrían bajar transmisiones.

En la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía se aprobó el dictamen con 5 votos a favor, uno en contra y una abstención; en la Comisión de Comunicaciones y Transportes fue con 13 votos a favor, uno en contra y una abstención; mientras que la Comisión de Estudios Legislativos lo avaló con 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

Ante las críticas por las atribuciones que se le otorgaban a la Agencia de Transformación Digital, la nueva redacción señala que la autoridad en la materia será la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que será la responsable de supervisar y promover el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, las redes públicas, servicios de infraestructura pasiva y la comunicación satelital. Este órgano también regulará el acceso a infraestructura esencial, garantizando una competencia justa en el sector.

No obstante, los legisladores de oposición advirtieron que será un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia, lo que le permitirá seguir teniendo injerencia en la Comisión, puesto que no es una instancia autónoma.

La senadora priista Claudia Anaya consideró que para lograr una verdadera autonomía se requiere que sea el Senado quien avale a los integrantes de la comisión, pero para ello se requiere una reforma constitucional, pues actualmente no tiene esa facultad.

El senador Ricardo Anaya insistió en que hay avances importantes, pero si no se corrige el registro de usuarios de telefonía móvil, la geolocalización en tiempo real y la facultad para suspender transmisiones queda como una redacción vaga no se puede seguir adelante.

En el texto que deberá ser aprobado por el pleno del Senado, posiblemente este sábado, se mantiene que se prohíbe la propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, salvo fines culturales o turísticos.

Por su lado, los senadores del PRI sentenciaron la del gobierno federal no es una política de comunicación moderna; es un instrumento de control autoritario, una amenaza a la libertad de expresión, y un ataque directo a los derechos ciudadanos.

“Esta ley está mal desde la primera hasta la última página. Simula diálogo, impone control, elimina la autonomía, y legaliza la censura. Morena no solo quiere regular, quiere imponer un estado de espionaje constante“, dijo ese partido.

RECHAZAN CRÍTICAS

En respuesta a estas críticas el senador morenista Javier Corral Jurado, quien moderó los conversatorios sobre este tema, subrayó que el dictamen es una rectificación que inició desde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y continuó con las opiniones de 89 ponentes en los cinco conversatorios que realizó el Senado, que se ve reflejada en la redacción del dictamen.

Ante el señalamiento de la creación de un registro de telefonía móvil o la suspensión de transmisiones, el senador aclaró que no son disposiciones nuevas, sino temas aprobados desde la ley del 2014 por el PRI y el PAN, es decir, hoy están vigentes.

Destacó que es falso que el nuevo dictamen proponga un registro de telefonía móvil, pues lo que hace es obligar a los operadores a solicitar una identificación a quienes compren un dispositivo móvil.