El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y al artículo 400 bis del Código Penal Federal para endurecer las sanciones penales por lavado de dinero, actualizando las conductas sancionables y alineándolas con estándares internacionales.

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En este marco, los diputados de oposición advirtieron que la reforma otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acceso amplio a datos personales, incluyendo registros de salud y financieros sin necesidad de autorización judicial, lo que es un riesgo para la privacidad de todos los mexicanos.

El documento avalado por los legisladores, que fue enviado al Ejecutivo para su publicación, amplía las facultades para identificar beneficiarios finales y supervisar actividades no financieras vulnerables.

Asimismo, se faculta a la Secretaría de Hacienda para interpretar administrativamente la ley y coordinar acciones con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad. También, se incorpora un régimen específico para asociaciones sin fines de lucro que reciben donativos, con medidas de control más estrictas y se amplía el catálogo de actividades vulnerables, pues se incluyen el desarrollo inmobiliario, activos virtuales (criptomonedas) y fideicomisos como sectores sujetos a vigilancia.

Se incorporan conceptos como beneficiario controlador, persona políticamente expuesta, financiamiento al terrorismo y riesgo, lo que amplía el alcance de supervisión y otorga obligaciones para notarios y corredores públicos en la identificación de operaciones sospechosas.

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La definición de persona políticamente expuesta incluye funcionarios actuales y anteriores, así como sus allegados, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles usos discrecionales.