El gobierno de la 4T negoció con las empresas propiedad de los cuñados del expresidente Carlos Salinas, Inbursa, Black Rock, Exi Quantium y dos empresas más una reducción del 15 por ciento en la operación y administración de ocho penales de máxima seguridad en México.

Estas empresas obtenían mediante contratos “leoninos” 16 mil millones de pesos anuales y ahora perderán 2 mil 390, pues sólo recibirán 13 mil 543.

El gobierno de la República con este acuerdo ahorrará 10 mil 106 mil millones de pesos, unos 500 millones de dólares, además de que los penales en 20 años pasaran al peculio del Estado.

En conferencia de prensa, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez comentó que estos convenios se firmaron el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y siendo secretario de Seguridad, general García Luna.

Los contratos daban ventajas a las empresas privadas por 20 años y para cada uno de los centros penitenciarios, el monto proyectado con actualización e impuestos es de 276 mil 619 millones de pesos, de lo cual se ha erogado en nueve años 85 mil 398 millones de pesos.

Señaló que los pagos que realizaba el gobierno de México eran mensual en su totalidad, con independencia del número de personas privadas de la libertad que lo ocupen, es decir, si un penal tiene 100 personas se paga lo mismo que si tuviera dos mil personas.

El trato representaba un gasto para el pueblo de México equivalente -nosotros decimos, esa es una percepción de la secretaría- este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno.

Rosa Icela, ejemplificó y dijo que, en 2020 el gasto es tan grande que, de los 22 mil 776 millones del presupuesto ejercidos por Prevención y Readaptación Social, por esta comisión, 67.7 por ciento se fue en el pago de estos ocho contratos, casi el total, lo que significa esta privatización de estos servicios.

Además, los contratos establecían que los inmuebles y sus instalaciones una vez concluida su vigencia siguen siendo propiedad del proveedor y no del Gobierno de México. Ahora, con las negociaciones los penales pasan a propiedad de gobierno.

En promedio al año el gasto era de un millón 408 mil por interno; el gasto por Persona Privada de Libertad al mes, que es de 117 mil 409 pesos; y el gasto promedio por PPL al día, que va de tres mil 913 pesos diarios.

“Pero, por ejemplo, en un penal de Sonora es el promedio de dos mil 640 y el femenil de Morelos de seis mil 634 por cada una de las personas internas en estos penales”.

A manera de conclusión, la servidora pública, comentó que se logró una reducción del costo al Gobierno de México de un 15 por ciento.

Que las instalaciones de los centros penitenciarios sean incorporadas a los bienes de la nación al concluir los contratos.

También se acordó hacer una revisión permanente de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Así como que se busque siempre con las autoridades penitenciarias en los servicios el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y así se logra un daño irreversible a la hacienda pública y al patrimonio de los mexicanos y las mexicanas.

Destacó que los procesos penales siguen abiertos para investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados que han hecho un daño al patrimonio de México.