Con la oposición y molestia de la industria automotriz, el Gobierno de México inició hoy la regularización de al menos 2.2 millones de vehículos irregulares en diez estados del país y que reportara ingresos del orden de 5 mil millones de pesos a canalizar en la reparación de caminos y calle de esas entidades.
Al mismo tiempo, se arrebatará a la delincuencia, parte de sus instrumentos, para cometer ilícitos, pues hasta en un 80 por ciento de los homicidios dolosos estaban involucrados vehículos irregulares, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Vázquez.
El costo del trámite será de dos mil 500 pesos y se contempla regularizar autos que circulan en Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California Sur, Durango, Michoacán y Nayarit.
Los recursos que se obtendrán con el pago de estos derechos por la regularización será destinado al financiamiento del mejoramiento de las calles donde hay baches. Circulan 2.2 millones de estos vehículos que con frecuencia son utilizados en actos delictivos y dificultan la seguridad pública.
Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador Rosa Icela Rodríguez informó que sólo en Baja California circulan más de 500 mil autos chocolate de los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público 370 vinculados a delitos.
Subrayó la funcionaria federal que 80 por ciento de homicidios dolosos que se reportan en Chihuahua estuvieron relacionados con autos irregulares, por lo que es necesaria su regulación para sacarlos del anonimato y se pueda investigar a los responsables.
Aclaró que los poseedores de estos vehículos irregulares harán el trámite ante el Registro Público Vehicular (Repuve) mediante el pago de 2 mil 500 pesos, sólo en el caso de los vehículos que tengan una antigüedad de más de 5 años, “para hacer visible lo invisible”.
Esto permitirá compartir la información de los vehículos y sus poseedores con los tres órdenes de gobierno para generar inteligencia y evitar la impunidad, el mejoramiento de la seguridad pública y el mejoramiento urbano con la reparación de baches en las ciudades incluidas, concluyó.
