A Ana Luisa Garduño Juárez, madre de Ana Karen Huicochea Garduño, la mataron y jamás encontró justicia.

Así como a Marisela Escobedo Ortiz, quien encontró al asesino de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, aportó información para que lo detuvieran y una juez lo dejó en libertad por falta de pruebas.

La ejecutaron mientras protestaba frente al palacio de gobierno de Chihuahua.

En el caso de Morelos, Ana Karen fue asesinada en diciembre de 2012 presuntamente por su novio Eduardo Villalobos, pero éste jamás fue detenido.

A Garduño Jiménez la asesinaron el jueves por la noche de tres tiros, según ha dicho la policía.

El homicida ¿qué cree?… escapó.

La mujer denunció siempre que el novio la mató y aportó las pruebas, pero jamás fue escuchada por el cínico hoy ex gobernador, Graco Ramírez, ni por el futbolista remedo de político y hoy mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La activista integró el Colectivo Ana Karen Vive A.C. y Frente de Victimas del Estado de Morelos y fue pieza clave en la exhumación de cuerpos de fosas clandestinas en el estado donde el narcotráfico, como en la mayor parte del país, ha tomado el control.

“El Gobierno del Estado condena el artero y cobarde homicidio en contra de Ana Luisa ‘N’, representante del Colectivo Ana Karen Vive A.C. y Frente de Victimas del Estado de Morelos, en el municipio de Temixco”, señaló el inservible gobierno del ex futbolista en un comunicado.

La asesinaron mientras se encontraba al interior del bar Apolo XI, de su propiedad, en Temixco, uno de los municipios más violentos e inseguros del estado.

Basta recordar que en ese mismo municipio fue asesinado Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo de Javier Sicilia Falcón, escritor y periodista, quien formó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a raíz de los hechos.

Apenas el miércoles, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que en los asesinatos de activistas y luchadores por los derechos humanos, así como en los de periodistas, la impunidad ronda el 90 por ciento.

De hecho, informó que, en el caso de los comunicadores, sólo 5 de 52 homicidios ocurridos desde 2018 han concluido en sentencia condenatoria.

Una impunidad casi total.

Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán son los estados donde más crímenes de este tipo se han cometido.

En el caso de Escobedo Ortiz, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, el asesino confeso y después condenado por los tres jueces que lo liberaron, fue detenido el 16 de junio de 2009, por el crimen cometido en 2008, pero salió el 30 de abril de 2010 por falta de pruebas, argumentaron los magistrados.

Escobedo Ortiz fue ejecutada a tiros justo frente al palacio de gobierno de Chihuahua, donde se había plantado para exigir al corrupto gobernador, César Duarte Jáquez, buscar al liberado y recapturarlo.

Los tres jueces, Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga renunciaron a sus cargos, después de ser suspendidos.

El caso jamás fue esclarecido, pese a que se detuvo a un sujeto, presuntamente quien disparó a Marisela, pero testigos aseguraron que se trataba de otro hombre.

Al menos diecisiete municipios de Morelos están bajo el control del crimen organizado y el narcotráfico.

Guerreros Unidos y Los Rojos disputan esas alcaldías, pero el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclama ya también esas y otras plazas.

Vámonos: Andrés Manuel se queja de que Lorenzo Córdova, presidente del INE, acudió a la plenaria del PAN. ¿Y por qué no se queja de que también se ha reunido con Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, el partido que fundó?

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