El gobierno federal asestó un nuevo golpe al agonizante Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pues Nacional Financiera regresó a la Tesorería de la Federación alrededor de 10 mil 300 millones de pesos concentrados en esa dependencia, sin consultar al propio Consejo, que preside la ministra Norma Piña Hernández.

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El Consejo señaló que Nafin le comunicó que transfirió a la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos de los fideicomisos que el Consejo había encomendado para su administración a esa sociedad nacional de crédito, violando con ello las reglas del contrato firmado entre ambas instituciones.

“Esto sin que el CJF, en su carácter de fideicomitente, de manera previa fuera consultado al respecto, y sin que hubiera girado instrucción alguna a Nafin para la transferencia de los recursos atendiendo a las propias cláusulas del contrato. El CJF ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente”, señaló a través de una tarjeta informativa.

Insistió en que conforme a lo establecido en el transitorio décimo del decreto de la reforma constitucional en materia de reforma al Poder Judicial, y vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las y los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electas serán acreedoras a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados.

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Nafin había argumentado que no podía entregar los recursos a la Tesorería de la Federación, como se le había solicitado, porque había amparos que le impedían entregar los montos de los fideicomisos en su poder, pero ahora no informó sobre el destino de esos recursos legales.

En octubre de 2023 el Congreso de la Unión aprobó la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que para ese entonces concentraban alrededor de 15 mil millones de pesos, pero debido a la imposición de amparos, esa medida no se había podido concretar hasta este año.

En diciembre del año pasado, la propia ministra Piña Hernández inició la extinción de sus fideicomisos y ordenó la entrega de los recursos de 7 de estos fondos, pero Nafin respondió que no podía extinguirlos debido a que estaban sujetos a procesos legales.

El Consejo de la Judicatura precisó que el 10 de diciembre de 2024 Banobras entregó a la Tesorería de la Federación la cantidad de 853 millones 913 mil 710 pesos, correspondientes a la totalidad de los recursos del Fondo Jurica, único fideicomiso constituido con dicha sociedad nacional de crédito.

Acotó que en el caso de Nafin, argumentó que no se podían entregar los recursos por diversas suspensiones definitivas otorgadas en contra del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023.

Protestan Jueces

Tras darse a conocer la entrega de estos más de 10 mil millones de pesos provenientes de los fideicomisos del poder Judicial, la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito (Jufed) denunció que en la propia reforma constitucional se estableció que los jueces y magistrados que decidieran no participar en estas elecciones judiciales y renunciaran a sus cargos, tendrían derecho a una compensación extraordinaria por sus servicios, pero hasta el momento no se ha concretado esto.

Advirtió que los recursos para estas liquidaciones provendrían precisamente de estos fideicomisos, por lo que exigieron establecer de manera inmediata una base de datos sobre todos los operadores del sistema de justicia que están en esta circunstancia y garantizar sus derechos.

La directora de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, explicó que la conclusión anticipada e involuntaria, que se da ya sea por renuncia o por jubilación fue resultado de la reforma que desconoció los derechos de las personas juzgadoras y que las privó de la garantía de inamovilidad en el ejercicio de la función.

Pero se generó el derecho a un pago extraordinario por esa separación, que representa la posibilidad de que las personas removidas sean parcialmente resarcidas con una percepción que les permita mantener un nivel de vida digno al término de la función.

La indemnización correspondiente debió haberse cubierto a las personas juzgadoras que ya se separaron del ejercicio de la función, a más tardar en el mes de diciembre del año 2024, pero el Consejo de la Judicatura Federal, ha incumplido con el pago extraordinario a los juzgadores que ya se han separado.