El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra emitió un manifiesto al cumplirse 20 años de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, donde denunció que la justicia sigue pendiente y exigió castigo a los responsables de la represión.
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“En Atenco tenemos que decirlo fuerte y claro, la justicia no ha llegado. Mayo rojo sigue impune”, señaló Hortensia Ramos en representación del frente, durante un acto público en el que reiteró el llamado a la solidaridad del pueblo de México.
El pronunciamiento recordó que el 3 de mayo de 2006 se registró una intervención policial tras protestas en Texcoco, seguida por un operativo en Atenco que dejó personas asesinadas, detenciones masivas y denuncias de violaciones a derechos humanos, incluidos abusos sexuales y tortura.
El frente atribuyó los hechos a decisiones de autoridades federales y estatales de la época, entre ellos los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes responsabilizó de no haber sido sancionados.
“Fue un crimen de Estado contra el pueblo de México, no fue un error ni un operativo que se salió de control”, sostuvo la vocera, al señalar que los hechos se utilizaron para contener la protesta social y facilitar proyectos de infraestructura en el territorio.
El manifiesto vinculó la represión con la defensa del territorio frente a proyectos como el aeropuerto en Texcoco, cuya cancelación fue presentada como resultado de la movilización social, junto con la liberación de personas detenidas tras resoluciones judiciales.
Afirmó que, pese a esos avances, persiste la impunidad en los hechos de 2006 y planteó que la justicia implica sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como detener procesos de despojo territorial y daño ambiental.
En el mismo posicionamiento, el movimiento extendió su demanda de justicia a otros casos, entre ellos Ayotzinapa, y planteó que la defensa del territorio incluye garantizar acceso al agua, salud, educación y condiciones de vida digna en comunidades rurales.
