Entre 2019 y 2024, periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las medidas de austeridad establecidas por ley en el aparato de operación del Estado arrojaron reducción de recursos por 92 mil 440.2 millones de pesos, lo que no representa ni el 10 por ciento de lo que el gobierno federal gastará tan solo este año en programas sociales, que es alrededor de 1 billón de pesos.

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La Ley Federal de Austeridad Republicana establece que esta política implica que las entidades del sector público observen medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de manera constante.

De acuerdo con un análisis del Centro de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, la Ley de Austeridad Republicana, aprobada y publicada en 2019, la reducción de gastos incluye gastos por concepto de telefonía, telefonía celular, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones y seminarios, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.

Además, obliga a los entes públicos a ajustar sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana. Señala que se eliminarán todo tipo de duplicidades y se atenderán las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública. También, se prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado, tal como el seguro de separación individualizada o las cajas de ahorro especiales; con excepción de lo que establezca la Ley aplicable.

Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones.

Agrega que por ningún motivo se autorizarán pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal adicionales a la provista por el ISSSTE, correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

El año con mayor impacto fue 2019, el primero con estas disposiciones, cuando se registraron 7 mil 015.1 millones de pesos, principalmente por ajustes en gasto de operación.

Mientras que en los ejercicios posteriores, los montos fueron considerablemente menores: 3 mil 744.2 millones en 2020, 5 mil 980.9 millones en 2021, 3 mil 085.5 millones en 2022, 4 mil 443.7 millones en 2023 y 4 mil 170.8 millones en 2024.

Los rubros donde se concentraron los ahorros fueron servicios personales, gasto de operación y gasto de inversión, reflejando la aplicación de la Ley de Austeridad Republicana y las políticas de disciplina presupuestaria impulsadas por el gobierno federal.

Los datos demuestran que, aunque el primer año mostró un ahorro extraordinario, los resultados posteriores evidencian una estabilización en los ajustes, con cifras que rondan entre los tres y seis mil millones de pesos anuales.

Por lo que se refiere al desglose respecto los otros dos poderes de la Unión y los organismos autónomos, varios de ellos ya desaparecidos, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria aplicadas en México generaron ahorros acumulados por 14 mil 530.1 millones de pesos, según cifras oficiales.

El año con mayor impacto fue 2019, con 64 mil 766.7 millones de pesos, principalmente derivados de ajustes en gasto de operación. En los ejercicios posteriores los montos fueron considerablemente menores: 2 mil 037.4 millones en 2020, 2 mil 489.2 millones en 2021, mil 866.6 millones en 2022, mil 658.5 millones en 2023 y mil 711.7 millones en 2024.

Los rubros donde se concentraron los ahorros fueron servicios personales, gasto de operación y gasto de inversión, reflejando la aplicación de la Ley de Austeridad Republicana y las políticas de disciplina presupuestaria impulsadas por el gobierno federal.

En conjunto, los 14,530 millones de pesos acumulados en seis años representan recursos que se reorientaron hacia programas prioritarios, con el objetivo de fortalecer la eficiencia del gasto público y reducir privilegios en la administración.